El impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España ha sido recibido con un fuerte rechazo social. Desde su aprobación, numerosas voces han comenzado a expresar su desacuerdo, especialmente por el impacto económico que supone para muchas familias con presupuestos ajustados.
Este nuevo cargo ya se ha empezado a reflejar en los recibos de millones de personas. El malestar se ha hecho evidente entre quienes se oponen a otras medidas recientes. En respuesta, han surgido propuestas contra la Ley 7/2022, la normativa que respalda este impuesto. Aunque tiene como finalidad la sostenibilidad, su implementación ha sido cuestionada.
¿Cómo se organiza la nueva tasa de basuras en España?
Antes de tratar la recogida de firma que está surgiendo en diferentes municipios, es fundamental entender que esta tasa no se aplicará de manera uniforme. Cada consistorio podrá definir cómo se aplica y qué criterios utilizar, adaptándolo a su realidad territorial.
El cálculo del importe dependerá de factores como el valor catastral del inmueble, el consumo de agua y el número de personas empadronadas. Así, no será igual vivir en Madrid o Sevilla que en una ciudad pequeña como Teruel. Esta variabilidad permite, según algunos, una distribución más justa y ajustada a las condiciones de cada zona.
En los lugares donde ya se ha comenzado a aplicar, la media ronda los 80€ al año. Aunque esta cantidad se plantea como razonable desde una perspectiva ecológica, muchas familias la consideran un gasto innecesario, que se suma a otros pagos y compromete su estabilidad mensual.
¿A quién afecta la nueva tasa de basuras aplicada en España?
De acuerdo con la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), la tasa la deberá pagar quien utilice el inmueble, es decir, el residente habitual. Por tanto, no será el propietario quien se haga cargo del pago, sino quien ocupa la vivienda y se beneficia del servicio, lo que ha generado muchas dudas.
Esta situación ha levantado controversia, sobre todo entre inquilinos. Algunos consideran que es lógico asumir el pago si se utiliza el servicio, mientras que otros creen que el impuesto debería recaer en el propietario. Esta disparidad ha generado debate en torno a los contratos de alquiler y la gestión de responsabilidades.
El lema “quien contamina, paga” encabeza la campaña que busca concienciar sobre el coste medioambiental de nuestras acciones. Aunque los discursos a favor del medioambiente llevan tiempo en circulación, es cuando se vinculan al impacto económico que generan una verdadera respuesta.
¿En qué consiste la recogida de firma contra la tasa de basuras?
Como ha sucedido en otros casos, cuando una medida no convence, los ciudadanos se movilizan. La recogida de firma sirve para canalizar ese descontento, mostrando una postura colectiva organizada y un mensaje claro de oposición a una normativa considerada injusta.
En Madrid, donde los primeros recibos comenzarán a llegar en julio de 2025, ya se ha puesto en marcha la recogida de firma mediante la plataforma Charge.org. Esta acción pretende visibilizar la desigualdad entre municipios y exigir que se revise la aplicación del impuesto, especialmente en casos de mayor vulnerabilidad. La ciudadanía busca una alternativa más razonable y justificada.
A día de hoy, ciudades como Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga aún no están sometidas a esta tasa. Aunque podrían verse afectadas próximamente, por el momento siguen exentas. Esta diferencia en la aplicación demuestra que el nuevo impuesto no se ha implantado de forma homogénea, dejando margen para el análisis y la modificación.