Madrid, 21 may (dpa) – «Los Países Catalanes serán tu infierno»: la amenaza pintada en plena calle señalaba una casa de Pablo Llarena, el polémico juez que desplegó toda la fuerza del Tribunal Supremo español para desmantelar el plan independentista en Cataluña y quedó así en el ojo de un terremoto político que sacude España y Europa.
Visto por los soberanistas catalanes como brazo judicial de un poder «autoritario» y por muchos antiindependentistas como el héroe que frenó la mayor amenaza a la estabilidad de España en décadas, el juez adoptó una postura implacable -y no exenta de polémica- contra el independentismo desde que asumió la causa a fines de octubre.
El resultado puede plasmarse en cifras: Llarena procesó a 25 políticos y líderes catalanes por el plan soberanista, que abrió una crisis institucional sin precedentes en España. Nueve de ellos están en prisión preventiva en Madrid y otros siete fuera del país.
Entre ellos figura Carles Puigdemont. El ex presidente catalán, detenido el 25 de marzo en Alemania, está procesado por rebelión, delito castigado con hasta 30 años de cárcel. Ese mismo día aparecieron las pintadas ante una casa de Llarena en Cataluña, y el Consejo General del Poder Judicial tuvo que pedir protección para él.
«Lo señalaremos y responderemos a su represión tantas veces como haga falta», avisó Arran, grupo juvenil afín al partido soberanista y antistema CUP al reivindicar las pintadas. Desde el ángulo opuesto, el diario «El Mundo» vio «tranquilizador constatar, por fin, que en un Estado de derecho nadie está por encima de las leyes».
Atrás quedaron los días en que la prensa confundía su apellido con «Llanera» o rastreaba más información sobre un hombre poco conocido y llegado al Supremo hace apenas dos años. Reservado, poco mediático y amante de las motos, Llarena es ya sinónimo de la respuesta del Estado al independentismo. Y está en el foco de la actualidad.
La suerte le otorgó la causa por turno de reparto, pero el juez conocía bien Cataluña, donde desarrolló la mayor parte de su carrera y donde viven su mujer y sus dos hijos.
Nacido en Burgos (norte) en 1963 en una familia de abogados, Llarena dividió desde un principio opiniones en particular por procesar a políticos independentistas (Puigdemont incluido) por rebelión, un cargo que implica la intención o ejecución de cometer actos violentos. Muchos no los ven en la crisis catalana, pero Llarena sí.
La decisión de la Justicia alemana de descartar este delito en el caso de Puigdemont y de dejar al ex «president» en libertad bajo fianza supuso un revés para Madrid, pero también para el juez.
Días después llegó otra mala noticia para Llarena: Bélgica rechazó la entrega de tres de los políticos catalanes procesados y huidos.
Ahora, se espera que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein decida si entrega o no a Puigdemont a España. Llarena abrió la puerta a acusarlo por sedición en vez de rebelión, aunque insistió en que en los hechos concurre el requisito de violencia que no aprecia Alemania.
En su auto de procesamiento, el magistrado ve una estrategia «minuciosa» para independizar Cataluña y considera que sus instigadores «siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza».
La influencia de Llarena en la evolución de la crisis catalana fue directa y decisiva. Rechazó, por ejemplo, el pedido del candidato Jordi Sànchez de salir de la cárcel para ser investido presidente por el Parlamento catalán y envió a prisión preventiva a Jordi Turull, otro aspirante a presidir un Gobierno que Cataluña sigue sin formar.
«¿De qué han servido las elecciones si el juez ha decidido?», criticó en su momento Puigdemont. «¿Por qué un único juez, que no ha votado nadie, puede determinar si un diputado, que tiene todos sus derechos, puede ser o no presidente? ¿Es más importante un juez que más de dos millones de catalanas?».
Un juez tal vez no, responden los antiindependentistas y el Gobierno en Madrid, pero sí la ley y la Constitución. «Todos somos iguales ante la ley y nadie puede infinitamente seguir burlándose de la Justicia», sostuvo en su momento la «número dos» de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. El debate sigue abierto y Llarena en el centro.
Por Pablo Sanguinetti (dpa)