Karlsruhe (dpa) – Sucedió una noche de junio de 2018, frente a un supermercado en el municipio bávaro de Olching, cerca de la ciudad de Múnich. Caro y Franzi estaban buscando alimentos seguros para el consumo en los contenedores de basura de un supermercado.
De pronto se presentaron dos agentes de policía que las obligaron a sacar las frutas, verduras y yogures que tenían en la mochila y volver a depositarlos en el contenedor. La historia, sin embargo, no acaba aquí.
Un año y medio más tarde, y tras dos sentencias falladas en juzgados locales, el caso llegó finalmente al Tribunal Constitucional Federal Alemán: las dos estudiantes bávaras, de 28 y 26 años respectivamente, presentaron a principios de noviembre una demanda de controversia constitucional ante el órgano con sede en Karlsruhe.
Aquel 4 de junio de 2018 tuvo consecuencias desagradables para las jóvenes. Tras una denuncia presentada por el supermercado, la Fiscalía comenzó a investigar «por un delito particularmente grave de robo» solicitando una multa de 1.200 euros (1.326 dólares) para cada una de las estudiantes, que finalmente no se impuso.
En enero de 2019, un tribunal local reconoció a favor de las estudiantes «el hecho de que los bienes robados no tenían ningún valor para el propietario». Sin embargo, ambas fueron declaradas culpables y sancionadas con una multa de 225 euros, a pagar sólo si las jóvenes cometen delitos penales dentro del periodo de prueba de dos años. Además, el tribunal impuso a cada una de ellas ocho horas de trabajo social.
A principios de octubre, esta decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo Regional de Baviera. «El hecho de que los alimentos hayan sido arrojados a un contenedor de desechos para su eliminación no significa necesariamente que el propietario no se preocupe por su destino futuro», indica la resolución judicial.
Además, explicita que el contenedor se encontraba en las instalaciones del supermercado y estaba bajo llave listo para ser recogido por la empresa de eliminación contratada por el supermercado mismo.
La sentencia fue una amarga decepción para Caro y Franzi: «No hemos hecho daño a nadie. Cuando vemos en los contenedores de residuos restos de comida que en realidad aún se pueden consumir, nos parece una lástima y un gran desperdicio de recursos».
Las jóvenes argumentan que la dirección del supermercado ya no estaba interesada en la mercancía desechada. «Es obvio que ya nadie la va a comprar y que se terminará pudriendo en el contenedor».
Las estudiantes han hecho público su caso en la red e informan sobre las últimas novedades en un blog creado para este fin. Alentadas por el apoyo que reciben, también han lanzado una petición para obligar a los supermercados, como en Francia, a distribuir alimentos que todavía se pueden consumir, por ejemplo, a instituciones sociales. La petición ya ha sido firmada por 150.000 personas.
Según cálculos de la Universidad de Stuttgart, en Alemania se desechan casi 13 millones de toneladas de alimentos al año. La organización ambientalista WWF estima incluso que se trata de más de 18 millones de toneladas.
En la Conferencia de Ministros de Justicia de los estados federados, celebrada en junio en la ciudad hanseática de Lübeck, el senador de Justicia de Hamburgo, Till Steffen, del partido Los Verdes, presentó una iniciativa para legalizar la búsqueda de residuos aprovechables en contenedores. Ésta fracasó debido a la oposición de los estados federados gobernados por los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana.
«Mientras no haya leyes claras, tendremos que basarnos en una interpretación de la legislación», señala Max Malkus, abogado defensor de Franzi. La demanda de controversia constitucional tiene por objeto sensibilizar a un mayor número de personas acerca del problema.
Caro y Franzi reciben apoyo de la Sociedad de Defensa de las Libertades Individuales (GFF, por sus siglas en alemán), que se ha fijado el objetivo de demandar ante los tribunales a favor de los derechos fundamentales y humanos.
Para la organización no gubernamental, el recurso presentado es de fundamental importancia. «La cuestión es establecer el límite constitucional del derecho penal», dice Sarah Lincoln, asesora legal de la GFF.
Lincoln explica que el Tribunal Constitucional de Karlsruhe ha dejado claro en repetidas ocasiones que el derecho penal sólo puede ser el último recurso. Según estas decisiones, éste debe limitarse a los comportamientos que «más allá de toda prohibición, sean especialmente nocivos para la sociedad e insostenibles para una convivencia ordenada».
«En este caso, el derecho penal se está utilizando para proteger algo en lo que nadie tiene interés», explica Lincoln. «Lo particularmente dañino para la sociedad es la eliminación de alimentos, no su reciclaje».
Para Malkus se trata de una grave contradicción: «De hecho, criminalizamos a aquellos que a pequeña escala hacen algo por la protección del clima sin dañar a nadie».
El día de presentación de la demanda se reunieron frente al Tribunal Constitucional alrededor de 100 personas exhibiendo, bajo una lluvia torrencial, pancartas con los lemas «Absolución para los que recuperan alimentos» y «Hurgar en la basura no es delito». En un puesto se ofrecían refrigerios —donaciones, algunas ya caducadas—, advertía un cartel.
Caro y Franzi se dirigieron a los manifestantes enfatizando que el verdadero delito de robo consiste en atentar contra los medios de subsistencia de las generaciones futuras, y que, con su demanda, quieren iniciar un proceso democrático: «La meta al final de esto es que no haya más desechos comestibles en el contenedor de basura».
Por Anja Semmelroch (dpa)