Washington, 11 oct (dpa) – El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, abrió hoy en Washington una reunión de dos días con los países del Triángulo Norte instándoles a hacer más esfuerzos para frenar los flujos de inmigración ilegal que salen de allí hacia el país norteamericano.
El Salvador, Guatemala y Honduras reclamaron por su parte ayuda para hacer frente a las maras y mejorar las infraestructuras, en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y evitar con ello que abandonen sus países hacia el norte.
Pence calificó de «crisis migratoria» la situación en la frontera entre su país y México, donde a lo largo del pasado año fueron arrestadas 225.000 personas procedentes del Triángulo Norte al tratar de entrar ilegalmente. Son más de la mitad de todos los detenidos.
«Hemos hecho un progreso cuantificable gracias a su liderazgo y sus acciones para reforzar la seguridad, promover la prosperidad y contener el flujo de migración ilegal a través de la región. Pero los retos continúan», dijo Pence a los presidentes de Honduras y Guatemala, Juan Orlando Hernández y Jimmy Morales, y al vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, en el arranque de la reunión en el Departamento de Estado.
Junto con México, representado por su canciller, Luis Videgaray, se reúnen hasta el viernes en el marco de la Segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica para revisar los compromisos asumidos en junio del año pasado en Miami.
Miles de personas salen cada año del Triángulo Norte, huyendo de la violencia y la pobreza allí, acrecentada por desastres naturales como las lluvias recientes o los huracanes y terremotos. Honduras y El Salvador, por ejemplo, están entre los países del mundo con mayor tasa de homicidios y violencia sexual.
El número de salvadoreños detenidos al intentar entrar en Estados Unidos desde México ilegalmente se ha reducido en el último año, pero han crecido los hondureños (en un 61 por ciento) y guatemaltecos (en un 75 por ciento).
Pence instó a Honduras a aumentar más los policías fronterizos y a hacer inversiones en seguridad fronteriza. A Guatemala también le urgió a destinar más recursos a ella. A El Salvador le pidió reducir el crimen y fortalecer las fuerzas que luchan contra las maras.
Para todos hubo una petición conjunta: que digan a sus ciudadanos que no vayan a Estados Unidos. «Su mensaje se puede resumir en decirles que si no pueden venir legalmente, no deben venir», proclamó, repitiendo palabras de junio en Guatemala. «Si hacen más (en la lucha contra la inmigración ilegal), nosotros haremos más», planteó el número dos de una administración que tiene en la mano dura en inmigración un pilar de la acción de gobierno.
La mayoría de las familias separadas en la frontera con México en el marco de la llamada «tolerancia cero», que desató indignación internacional, procedía de Centroamérica. Amnistía Internacional denunció hoy que el número es más del doble de lo que la administración había admitido hasta ahora: más de 6.000 entre el 19 de abril y el 15 de agosto y 8.000 desde 2017.
Bajo la estrategia para América Central, Estados Unidos ha comprometido en la región más de 2.600 millones de dólares en asistencia desde 2015 hasta 2018. Los países del Triángulo Norte, por su parte, han comprometido 8.600 millones desde 2016 hasta 2018 en su propia iniciativa, que recibe el nombre de Plan de la Alianza para la Prosperidad. Se trata de mejorar las condiciones de vida en esos países, evitando así la salida de migrantes.
Pence cifró en 75.000 las personas que su administración deportó el año pasado a El Salvador, Guatemala y Honduras.
Las deportaciones podrían incrementarse más en el caso de los hondureños y salvadoreños tras la cancelación de la protección migratoria especial conocida como TPS. Unos 195.000 salvadoreños y 57.000 hondureños deben regularizar su situación por otras vías o salir del país en un plazo si no quieren ser deportados.
La preocupación por el impacto de estos retornos fue puesta hoy ya sobre la mesa por el presidente de Honduras y el vicepresidente de El Salvador.
La violencia es uno de los factores que llevan a la salida de miles de personas de esos países. El presidente hondureño pidió por ello a Estados Unidos que apoye su solicitud a la ONU para declarar a las pandillas violadores de los derechos humanos. Confía en que esa categoría sirva para que la comunidad internacional apoye a Honduras y los demás países que sufren ese azote.
El de Guatemala solicitó al Gobierno de Trump ayuda para lograr un préstamo de 15.000 millones de dólares a 30 años para infraestructuras del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por Sara Barderas (dpa)