Buenos Aires, 5 mar (dpa) – La ex presidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner sumó hoy el tercer juicio oral y público en su contra, esta vez por el supuesto encubrimiento de los acusados iraníes por el atentado al centro comunitario judío AMIA de Buenos Aires en 1994, en el que murieron 85 personas.
El juez federal Claudio Bonadio cerró la instrucción y decidió elevar a juicio oral la causa en la que Fernández de Kirchner, su ex canciller Héctor Timerman y otras diez personas fueron procesados por estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado, indicó hoy el Centro de Información Judicial (CIJ).
Los cargos se derivan de su participación con diferentes funciones en la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013.
La resolución judicial señala que fueron imputados por «haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) (…) en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado, cuya finalidad era, entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán».
El memorándum de entendimiento fue firmado en enero de 2013 por los entonces cancilleres de Argentina e Irán, Timerman y Ali Akbar Salehi, en Adís Abeba, Etiopía, con el fin de crear una Comisión de la Verdad que permitiera esclarecer el atentado terrorista a la AMIA.
Permitía además la posibilidad de realizar interrogatorios en Irán a quienes Interpol ha señalado con una «notificación roja» por el pedido de captura de la Justicia argentina. El memorándum, sin embargo, nunca entró en vigor porque no fue ratificado por el Parlamento iraní.
La Justicia argentina acusó a ocho ex altos funcionarios de Irán, entre ellos el ex presidente Ali Akbar Rafsanyani, y un libanés por el ataque al centro comunitario y pidió su captura internacional. Fue el segundo atentado contra un objetivo judío en Buenos Aires tras el ataque terrorista en 1992 a la embajada de Israel en la capital argentina.
En diciembre, el magistrado procesó en esta causa a la ex presidenta, de 65 años, y pidió su prisión preventiva. Pero Fernández de Kirchner no fue detenida ya que goza de inmunidad parlamentaria como senadora del frente peronista Unidad Ciudadana. El pedido de detención debe ser ahora evaluado por una comisión del Senado.
El mismo día que el juez Bonadío elevó el caso a juicio Kirchner recibió la noticia de que uno de sus abogados, el destituido alcalde de Buenos Aires Aníbal Ibarra, renunció a seguir defendiéndola apenas una semana después de asumir esa función.
«Motiva esta decisión la información de que han puesto en marcha una operación mediática y política para golpear a CFK (las iniciales de Kirchner) utilizando -una vez más- la tragedia de Cromañón a esos fines», explicó.
Ibarra fue alcalde de Buenos Aires entre 2000 y 2006, cuando resultó destituido por la Legislatura de la capital argentina, que lo consideró el responsable político del incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en la discoteca «República Cromañón», donde murieron 194 personas y más de 1.400 sufrieron heridas.
Al frente de la defensa de la ex presidenta seguirá el abogado Roberto Boico, confirmó Ibarra.
Fernández de Kirchner, que gobernó Argentina durante dos mandatos consecutivos entre 2007 y 2015, afrontará entonces el tercer juicio oral y público desde que dejó el poder.
Primero fue enviada a juicio por una investigación sobre supuestas irregularidades cometidas en la operación con el dólar a futuro en 2015, que habrían configurado una defraudación contra la administración pública generando pérdidas multimillonarias al Estado.
El viernes, Fernández de Kirchner sumó un segundo juicio oral por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita en la concesión de obras públicas durante su Gobierno.
La ex presidenta enfrenta un escenario judicial adverso con varios procesamientos y acusaciones, aunque no ha recibido ninguna condena.
Entre otros delitos está acusada de administración infiel en perjuicio del Estado, asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con su función de mandataria.
Por Cecilia Caminos (dpa)