La reforma del IRPF en Asturias beneficiará a las clases medias, con una rebaja fiscal que impacta especialmente a los contribuyentes con rentas de hasta 35.000 euros.
Principales modificaciones en el IRPF
La Junta General del Principado ha aprobado la reforma del IRPF propuesta por el Gobierno de Asturias, que en la práctica supone una rebaja de impuestos para las clases medias y trabajadoras. La modificación ha sido aprobada con los votos de los grupos que sustentan al Ejecutivo (PSOE e IU-Convocatoria por Asturies) y la diputada Covadonga Tomé.
La entrada en vigor de la norma permitirá que se aplique a partir de la próxima campaña de la declaración de la renta, correspondiente al ejercicio 2025, que los contribuyentes presentarán en 2026.
Las modificaciones beneficiarán especialmente a las clases medias y trabajadoras. El 80% de las personas declarantes, con rentas inferiores o iguales a 35.000 euros anuales, serán las más favorecidas, dado que se ahorrarán al menos 119 euros al año. Esto ahonda en la vía fiscal asturiana, pensada para la gran mayoría social.
Detalles de los cambios en la fiscalidad asturiana
Entre los principales cambios, destacan los siguientes:
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Reducción en el primer tramo: El tipo impositivo del primer tramo se rebaja del 10% al 9%, y se incrementa el mínimo personal y familiar exento, que no se modificaba desde 2015.
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Neutralización para rentas altas: Las rentas superiores a 55.000 euros no verán alterado su tipo impositivo. El cuarto tramo pasa del 18,5% al 19,2%, concentrando la rebaja fiscal en las clases medias y trabajadoras.
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Incremento para rentas muy altas: El tipo para las rentas superiores a 175.000 euros anuales se incrementa del 25,5% al 26%.
La reforma ahonda en la progresividad de la vía fiscal asturiana y tiene un impacto estimado de 38 millones de euros. Si se suman las deducciones fiscales actuales, las clases medias y trabajadoras podrán ahorrar casi 130 millones.
Cambios en el impuesto de transmisiones patrimoniales
La reforma también introduce modificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales, con el objetivo de favorecer el derecho a la vivienda. Una de las medidas principales es aplicar un gravamen del 20% cuando la persona física o jurídica que adquiera un nuevo inmueble tenga la consideración de gran tenedor, es decir, cuando posea diez viviendas o más.