El Gobierno de Asturias presentará recurso ante el Tribunal Supremo para defender la legalidad y seguridad jurídica del sistema de provisión de puestos por libre designación en la Administración autonómica.
El Gobierno de Asturias presentará recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) relativa a la catalogación como de provisión por libre designación de siete jefaturas de servicio de la Administración autonómica.
Defensa de la legalidad y la seguridad jurídica
El Ejecutivo actúa con pleno respeto a las resoluciones judiciales y con el objetivo de defender la legalidad y la seguridad jurídica del sistema de provisión de estos puestos, previsto en la Ley del Principado de Asturias 2/2023, de Empleo Público, aprobada en la anterior legislatura con la abstención del Partido Popular.
La libre designación es una figura legal, excepcional y regulada, reservada a puestos de especial responsabilidad y nivel más alto (nivel 30) cuyas funciones requieren un mayor margen de iniciativa, autonomía o discrecionalidad. En la Administración autonómica, solo el 3% de las jefaturas de servicio se cubren por este sistema, mientras que el 97% restante se proveen por concurso, conforme a los principios de mérito y capacidad.
Sistema legal y práctica habitual en las administraciones
La sentencia no cuestiona la legalidad del sistema, sino la motivación de los expedientes administrativos, un aspecto que el gobierno reforzará cuando proceda para asegurar la máxima transparencia y seguridad jurídica.
Asimismo, el Principado recuerda que las convocatorias de libre designación son públicas y están abiertas a todo el personal funcionario que cumpla los requisitos establecidos. Además, tres de las siete jefaturas de servicio citadas en la sentencia se encuentran actualmente cubiertas por concurso resuelto en 2022. Es decir, no se produjeron cambios en sus titulares y no están afectadas ni por la nueva forma de provisión ni por la sentencia.
La libre designación es un procedimiento ordinario en todas las administraciones públicas, incluida la Administración General del Estado y otras comunidades autónomas, y no supone ninguna irregularidad, sino una herramienta legal para asegurar perfiles altamente cualificados en puestos estratégicos de gestión.