Oakland (EEUU), 22 mar (dpa) – Libby Schaaf dio la voz de alarma a finales de febrero: agentes del ICE, el servicio de inmigración, preparaban una gran redada en busca de indocumentados en el área de la Bahía de San Francisco. Schaaf, demócrata, es la alcaldesa de Oakland, una de las ciudades de esa zona de California.
La regidora se convirtió ese día en un nuevo símbolo de la resistencia contra Donald Trump en el estado de la costa oeste, la mayor potencia económica de Estados Unidos, que, controlada por el Partido Demócrata, ha hecho frente al mandatario en materia migratoria, medioambiental y sanitaria.
Trump y su Administración culpan a Schaaf de poner en peligro la seguridad de los estadounidenses, acusándola de permitir que peligrosos criminales queden en libertad y cometan más crímenes. Y tanto él como su fiscal general, el ultraconservador Jeff Sessions, la han atacado públicamente varias veces en el último mes.
«Lo que la alcaldesa de Oakland hizo es una vergüenza», ha dicho Trump. «¿Cómo se atreve usted a poner en peligro sin necesidad a nuestros agentes de la ley para promover una agenda radical de fronteras abiertas?», le ha espetado Sessions.
Seguidores del mandatario gritan «Lock her up!» (enciérrenla). Lo hicieron la semana pasada en una concentración que esperaba en San Diego la visita de Trump a los prototipos del muro que quiere construir en la frontera con México. Ha habido más veces.
Nacida en noviembre de 1965 en la misma ciudad de la que es alcaldesa desde 2015, Schaaf trabajó como abogada durante un par de años antes de meterse en política. Luego fue ayudante de Jerry Brown, ahora gobernador de California, cuando el demócrata era el alcalde.
Oakland es una ciudad santuario. Con este término se conoce a las jurisdicciones que se niegan a colaborar con las autoridades federales en la localización, detención y deportación de inmigrantes indocumentados.
No ponen criminales en la calle como asegura Trump; lo que hacen es no destinar recursos ni personal, incluidos agentes policiales, a detener a inmigrantes por no tener papeles. Un portavoz del ICE en San Francisco dimitió la semana pasada alegando que su «integridad» no le permitía «difundir información falsa», después de que Trump y su Administración aseguraran que por culpa de Schaaf se habían escapado más de 850 indocumentados.
En todo el país hay más de 200 ciudades santuario, muchas de ellas en California, que es de hecho el primer estado santuario del país, tras la aprobación de tres leyes al respecto a finales de 2017.
Trump y Sessions identifican inmigración con criminalidad y han abierto una guerra contra las ciudades santuario. Acabar con ellas fue una promesa electoral del hoy presidente, que también aseguró que expulsaría a más de 11 millones de indocumentados.
Trataron de obligarlas a cooperar, castigándolas con la retirada de fondos federales, pero la Justicia frenó el intento. El mes pasado, el Gobierno de Trump demandó a California ante un tribunal por las leyes con las que se convirtió oficialmente en estado santuario.
Con algo más de 420.000 habitantes, Oakland es una de las diez ciudades más pobladas de California. Situada enfrente de San Francisco -otro santuario- tiene una población muy diversa étnicamente. Tanto los afroamericanos como los hispanos superan a los blancos.
Schaaf consultó antes con su jefe de Policía la decisión de dar la voz de alarma aquel día de febrero en el que se organizaba la redada del ICE. «Mi prioridad es el bienestar y la seguridad de todos los residentes, particularmente los más vulnerables», dijo.
Una de las ideas que hay detrás de las políticas santuario es que las ciudades son más seguras y prósperas cuando sus habitantes no tienen temor a pedir ayuda a las autoridades -ya sea denunciando delitos o solicitando apoyo para la escolarización, por ejemplo- y cuando la Policía tiene como prioridad la protección de la comunidad y no la búsqueda de indocumentados.
En Oakland, la Policía no pregunta a los habitantes por su estatus migratorio. «Tenemos que luchar contra el mito racista que la Administración Trump trata de perpetuar, el de que los inmigrantes son criminales peligrosos», ha dicho Schaaf.
Por Sara Barderas (dpa)