Lima, 31 oct (dpa) – La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de dictar hoy tres años de prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori marcó el fin de uno de los meses más difíciles de su historia para ese sector de la derecha radical en la política peruana.
El 3 de octubre, el sector sufrió su primer gran golpe cuando la Justicia anuló el indulto para el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko, quien está desde entonces hospitalizado bajo custodia policial.
A la semana siguiente, Concepción Carhuancho dictó diez días de prisión preliminar para Keiko, aunque solo cumplió siete, porque una sala de segunda instancia revocó esa decisión. Sin embargo, se trató de una victoria pírrica, ya que después el fiscal José Domingo Pérez solicitó la prisión provisional por 36 meses.
Concepción Carhuancho, conocido por su severidad, consideró atendibles los argumentos de Pérez en el sentido de que hay «indicios razonables» de que Fujimori montó una organización criminal para lavar un millón de dólares que irregulamente le donó la constructora brasileña Odebrecht para su campaña de 2011.
El juez además consideró, al igual que Pérez, que existen posibilidades de que la dirigente intente fugarse del país o que utilice su fuerza política y sus conexiones para obstruir la labor de la Justicia.
Así, Keiko salió hoy por segunda vez en octubre con las manos esposadas y rodeada de policías, una imagen antes impensable para la fundadora y líder máxima de Fuerza Popular (FP), el partido de derecha radical que con su numerosa bancada controla el Congreso.
Las sesiones para determinar la posible prisión preventiva, que comenzaron la semana pasada, han concentrado la atención de los peruanos, que las han seguido como un reality show en el que Keiko, Concepción Carhuancho y Pérez son vistos como héroes o villanos, según la posición de cada uno.
La batalla frente a la opinión pública es ganada de momento por el juez y el fiscal, según los sondeos. El fujimorismo parece hundirse en el desprestigio, con más de un 70 por ciento que cree culpable a una dirigente cuyo apoyo popular ya no pasa de un 15 por ciento.
La férrea unidad de FP se ha quebrado. Algunos parlamentarios se han ido, otros empiezan a mostrar unas posiciones díscolas y peor aún, uno de sus principales legisladores, Rolando Reátegui, pasó a ser el «colaborador eficaz» que aparentemente ha entregado el principal material estratégico para Pérez.
La popularidad de FP ya tambaleaba, no solo por las sospechas de corrupción, sino por la conducta confrontacional que tuvo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), del que finalmente obtuvo la renuncia en marzo, y que continuó con su sucesor Martín Vizcarra, quien sin embargo les resultó un hueso duro de roer.
Con la opinión pública de su lado, Vizcarra ha buscado maneras de arrinconar al fujimorismo y en gran parte lo ha logrado, con la colaboración de la Justicia.
El drama judicial para Keiko estalló con la denuncia internacional de que Odebrecht y otras empresas brasileñas tenían un gigantesco esquema de corrupción en 12 países, incluido el Perú.
Las pesquisas afectaron no solo al fujimorismo, sino a casi todos los sectores políticos peruanos. Los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Kuczynski, entre otros, son blanco de investigaciones por presuntos nexos ilegales con los brasileños.
Toledo está prófugo, Humala estuvo nueve meses en prisión preventiva y Kuczynski tiene prohibida la salida del país y bloqueado el manejo de sus bienes. En el marco de las investigaciones se descubrió, además, que Odebrecht donó 1,2 millones de dólares para FP en su campaña de 2011 (200.000 de ellos a través de la cámara de grandes empresarios peruanos).
Los ex ejecutivos de la firma reconocieron que hubo ese aporte, pero éste nunca apareció en las cuentas de FP. El trabajo de Pérez permitió establecer que la red presuntamente encabezada por Fujimori inventó aportantes para explicar ese dinero.
Según Reátegui y otros testigos aún anónimos, todo fue digitado por la ex candidata presidencial junto a sus influyentes asesores Ana Hertz y Pier Figari, su «asesor externo» Vicente Silva Checa y los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augiusto bedoya Cámere, principalmente.
Un mes bastó para poner al fujimorismo en el peor momento de una historia que comenzó triunfal en 1990, cuando el ignoto Alberto Fujimori, un rector universitario, se tornó en presidente.
Aunque la historia ha demostrado que hablar de cadáveres políticos en el Perú es un error, el camino de FP parece haber quedado plagado de espinas.
Por Gonzalo Ruiz Tovar y Rosmery Cueva Sáenz (dpa)