Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que la institución no se enfoca en individuos sino en «operaciones contables con repercusiones fiscales». Desde 2014, se ha revisado a empresas del sector de comunicaciones, incluyendo a Totalplay, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Martínez Dagnino señaló que Totalplay, desde 2011, no ha presentado la información adecuada para justificar sus operaciones financieras, reportando más gastos que ingresos. En 2015, se le notificó a la empresa su obligación de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que dio inicio a un proceso legal.
Grisel Galeano García, procuradora fiscal, indicó que en 2017 un fallo judicial estableció que Totalplay debía efectuar el pago. La empresa impugnó la decisión, y no fue hasta 2022 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso. Finalmente, en 2024, el ministro Luis María Aguilar presentó proyectos de resolución.
La SCJN confirmó que Totalplay omitió el pago de impuestos, reportándolos como pérdidas. Después de nueve años de litigio, la empresa aún no ha saldado su deuda fiscal, una práctica que, según Galeano García, han replicado otras empresas del mismo grupo.
Martínez Dagnino criticó estas prácticas fiscales, calificándolas de incorrectas y abusivas de los beneficios otorgados a ciertos sectores. Afirmó que, según la resolución de la SCJN, es evidente que el contribuyente cometió errores y debe corregirlos, pagando más de mil 500 millones de pesos (mdp) que declaró como pérdida fiscal.
Además, aproximadamente 30 mil millones de pesos en impuestos están pendientes de resolución en varios litigios. Galeano García instó a los magistrados a resolver estos casos con urgencia, ya que los recursos públicos están en juego, y retrasar su cobro sería interpretado como complicidad.
Fuente NotiPress
Por Gustavo Torres