Asturias impulsa una nueva ley de consumo que refuerza la protección frente a abusos, regula el consumo digital y obliga a las ciudades de más de 20.000 habitantes a tener oficina municipal de atención.
El Gobierno del Principado impulsa una nueva ley para reforzar la protección de las personas consumidoras y usuarias, con el objetivo de adaptar la normativa a los cambios del mercado en las últimas décadas y mejorar los mecanismos de defensa frente a abusos.
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, presentó el proyecto en la Junta General, acompañado por la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y el director general de Consumo, Faustino Zapico.
Durante su intervención, el consejero subrayó que “las políticas de consumo son, en realidad, políticas de defensa de derechos cotidianos, que afectan directamente a la vida de la gente”.
La futura norma sustituirá a la legislación vigente, aprobada hace más de veinte años, que en su momento fue pionera. El nuevo texto busca responder a una realidad marcada por la expansión del comercio electrónico, las plataformas digitales, la contratación a distancia y las nuevas formas de publicidad y comercialización.
Refuerzo del control y las sanciones
Entre las principales novedades figura la actualización del régimen sancionador, con el objetivo de que las infracciones en materia de consumo tengan consecuencias proporcionales y disuasorias.
La intención es evitar que prácticas abusivas o engañosas puedan resultar rentables para quienes las llevan a cabo.
Además, la norma incorpora de forma específica el consumo digital, con medidas dirigidas a mejorar la información previa en la contratación, aumentar la transparencia de los servicios y proteger a los consumidores frente a prácticas comerciales invasivas o engañosas en internet.
Más oficinas municipales de consumo
El proyecto también prevé reforzar la red pública de atención a las personas consumidoras.
En este sentido, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deberán disponer de una oficina municipal de información al consumidor, con el objetivo de garantizar un servicio cercano al que acudir en caso de conflictos o reclamaciones.
Estas oficinas desempeñan un papel clave en la información, orientación y tramitación de reclamaciones, por lo que la ley pretende consolidar su función y ampliar su presencia en el territorio.
Asimismo, el texto refuerza las funciones de inspección y control de la administración autonómica para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa.
Protección para colectivos vulnerables
La futura ley presta especial atención a colectivos más vulnerables, como las personas mayores o quienes tienen más dificultades para acceder a información.
Para protegerlos, se promoverán políticas de información, educación y sensibilización orientadas a prevenir abusos y prácticas engañosas.
Zapico insistió en que la norma no pretende actuar contra la actividad empresarial, sino favorecer un mercado más equilibrado. “Un mercado que funciona con reglas claras, con transparencia y con respeto a los derechos de las personas consumidoras es también un mercado más justo y más competitivo”, afirmó.
El consejero expresó además su confianza en que el debate parlamentario permita alcanzar el mayor consenso posible, de forma que Asturias disponga de una herramienta legislativa moderna y eficaz para la defensa de los derechos de la ciudadanía en el ámbito del consumo.
Zapico vincula la subida del combustible a la guerra
Durante su intervención, Zapico también se refirió a la situación internacional tras los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que a su juicio evidencian las dinámicas del sistema económico global.
El consejero señaló que el ataque, que incluyó el lanzamiento de misiles contra una escuela de niñas y causó decenas de víctimas, tuvo un efecto inmediato en los mercados energéticos internacionales. Según explicó, nueve días después del inicio de los bombardeos el precio de los combustibles había aumentado más de 35 céntimos por litro.
A su juicio, esta subida no responde únicamente a la tensión geopolítica, sino también a procesos especulativos en el mercado energético, ya que el combustible que actualmente se vende más caro en Asturias se encontraba almacenado previamente en los depósitos de las grandes distribuidoras.
“Esto demuestra cómo el sistema capitalista aprovecha los conflictos para especular con bienes esenciales: se genera miedo, incertidumbre e inseguridad entre la población para justificar subidas de precios que terminan pagando las familias trabajadoras”, afirmó.
Zapico sostuvo que esta situación refleja la relación entre guerras, intereses económicos y mercados energéticos, reiteró su rechazo a los conflictos armados y reclamó una respuesta política que proteja a la mayoría social de las consecuencias económicas de estas crisis.
“Frente a estas guerras injustas solo cabe una posición clara: un rotundo no a la guerra y a las víctimas inocentes. Y también la obligación de impedir que el coste de estas crisis vuelva a recaer sobre los humildes y la clase trabajadora”, concluyó.