La directora general de Asuntos Europeos, Raquel García, ha defendido en Bruselas la postura que mantiene el Gobierno de Asturias sobre la necesidad de que el lobo salga del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) ante los daños que ocasiona a la ganadería extensiva.
García ha reiterado esta posición en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, que celebra esta semana su última sesión antes de las elecciones que se celebrarán en la Unión Europea en junio.
“Los daños de los lobos sobre el ganado extensivo empiezan a ser insoportables en algunas zonas de Asturias y nos encontramos en una situación de absoluta inseguridad jurídica para aplicar la normativa vigente”, ha señalado.
En este sentido, ha recordado que la normativa actual impide realizar controles poblacionales y aplicar en todos sus términos el Plan de Gestión del Lobo, ya que la situación de la especie en esta zona se ha declarado desfavorable, pese a que ha mejorado en los últimos años.
También ha argumentado que la decisión de proteger la especie se adoptó en 2021, en función de los datos recabados durante el período 2012-2014, cuando el número de ejemplares era inferior al del momento de su inclusión en el Lespre.
El censo correspondiente a 2023, presentado esta tarde en la reunión del comité consultivo del Plan de Gestión del Lobo, constata un incremento de la población, que alcanza las 43 manadas, de las cuales 39 son reproductoras. Además, en función de los indicios detectados, se evalúa la posible existencia de otros tres grupos.
Respecto al balance de años, los cánidos atacaron el año pasado a 3.256 animales: 953 vacas, 227 cabras, 1.093 caballos, 976 ovejas y 7 perros. El Gobierno de Asturias abonó 1,1 millones para compensar estas pérdidas, la cifra más altas desde la puesta en marcha de los registros en 1997.