España, al igual que el resto de las sociedades occidentales, está experimentando un profundo cambio en su estructura de edades, lo que se ha traducido fundamentalmente en el incremento del número de personas mayores. Actualmente, las personas de 65 y más años representan algo más del 20% de la población, y este porcentaje se doblará en las próximas cuatro décadas.
Este proceso de envejecimiento demográfico es fruto de uno de los mayores logros sociales de nuestro tiempo: la reducción generalizada de la mortalidad que permite que la mayor parte de las personas lleguen a cumplir 65 o más años.
Sin embargo, desde determinados discursos políticos y mediáticos se ha llegado a presentar este éxito social como un lastre o la principal amenaza para el futuro de nuestras sociedades.
En algunas ocasiones estas predicciones alarmistas esconden un claro interés, ya que están fomentadas y financiadas desde determinados grupos financieros, empresariales e incluso ideológicos. En otras, sin embargo, son fruto del desconocimiento o de una mala interpretación de los fenómenos demográficos y sociales.
Uno de los principales argumentos de estos discursos surge de la idea de que el aumento de la población mayor de 65 años implica un aumento drástico de la carga de enfermedad, la discapacidad y, por tanto, una enorme presión asistencial sobre los sistemas sanitarios que serán, por tanto, insostenibles, tal y como los conocemos en la actualidad. Algunas de estas voces proponen como solución a este importante reto la privatización progresiva de los sistemas sanitarios.
No obstante, se ha mostrado que el impacto que el envejecimiento tiene sobre el aumento del gasto sanitario no es tan elevado y no es, en ningún caso, el principal responsable de su crecimiento, que hay que buscar en otros procesos sociales y sobre todo, económicos, que afectan a la asistencia sanitaria actual.
El envejecimiento ‘per se’ no pone en cuestión el sostenimiento de los sistemas sanitarios públicos
Efectivamente, interpretar el aumento de las personas mayores como un incremento de las personas enfermas es una interpretación simplista y equivocada. Una persona de 65 años en 2018 poco tiene que ver con aquella de 65 años de principios de siglo tanto en términos sociales como de salud. Tal persona de 65 años en la actualidad tiene mayor similitud en términos de salud a una persona quizá de 60 años de aquella época. Contamos ya con cierta evidencia al respecto.
Menos años de discapacidad y mala salud
El descenso de la mortalidad de las últimas décadas parece haber venido acompañado en nuestro contexto de un descenso de los años que se viven en mala salud y un aumento de los años en buena salud.
Por ejemplo, datos para el País Vasco muestran como el número de años que una persona espera vivir con discapacidad o con mal estado de salud son menos que hace veinte años, situación que contrasta con la imagen presente en el imaginario colectivo.
Asimismo, contradice el principal argumento fuente de estas visiones alarmistas del envejecimiento como peligro para el sostenimiento del sistema sanitario.
El cambio en la estructura de edades –no solo el aumento de la población mayor– genera importantes desafíos en nuestras sociedades, algunos de los cuales están directamente relacionados con la salud y el desempeño de los servicios sanitarios.
Sin ir más lejos, el incremento de las enfermedades crónicas, fruto del cambio en el patrón epidemiológico, está obligando a nuestros sistemas sanitarios a profundas transformaciones en su gestión.
El envejecimiento per se no pone en cuestión el sostenimiento de los sistemas sanitarios públicos, ya que este depende fundamentalmente de la legitimidad social de que gocen.
La principal amenaza, por tanto, no es otra que el esfuerzo mediático, ideológico e incluso académico que se está haciendo por convertir a la salud y su atención en una herramienta de negocio y lucro. El asunto es importante, ya que la salud de las personas mayores (y tarde o temprano todos lo seremos) va en ello.
Unai Martín Roncero es doctor en Sociología y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) desde 2005. Es miembro del Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico OPIK. En la actualidad sus líneas de investigación principales son la sociología de la salud, especialmente el análisis de las desigualdades sociales en salud y la demografía.
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