Río de Janeiro, 15 mar (dpa) – El epicentro del terremoto político que castiga a América Latina desde hace años se localizó en un inicio en una estación de autoservicios en Brasilia, a unos pocos kilómetros del Palacio de Planalto y la sede del Congreso en Brasil.
En esa gasolinera con un servicio de lavado de autos («Lava Jato», en portugués), los investigadores de la Policía Federal descubrieron una red de lavado de dinero que parecía implicar a diversos políticos. Pero la verdadera dimensión de la operación que cumple ahora cuatro años (17 de marzo de 2014) fue saliendo a la luz sólo paulatinamente en los meses posteriores.
El caso «Lava Jato» es considerado hoy como la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil y ha cambiado profundamente al gigante sudamericano, hasta hace unos años una de las potencias emergentes globales.
La operación, que empezó investigando una trama corrupta en la petrolera estatal brasileña Petrobras, salpica además a varios de países de la región, donde amenaza con tumbar a Gobiernos como el de Perú.
En Brasil, el escándalo sigue sacudiendo los cimientos de las élites políticas y económicas de un país en crisis permanente. «Lava Jato» hizo «un retrato de una corrupción que tiene raíces profundas en nuestra historia», explicaba el año pasado Deltan Dallagnol, uno de los fiscales a cargo.
Implicados están poderosos empresarios como el ex CEO de la constructora Odebrecht, el encarcelado Marcelo Odebrecht, o el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el acusado más famoso.
Lula, un ícono de la izquierda por el éxito de sus dos mandatos entre 2003 y 2010, fue condenado recientemente en segunda instancia a más de 12 años de prisión por haberse dejado sobornar, según consideraron los jueces, y está a la espera de un fallo definitivo en instancias superiores, que podría mandarlo en breve a la cárcel.
También están siendo investigados el actual presidente, el conservador Michel Temer, y decenas de diputados, ex gobernadores y funcionarios. En el caso de Temer, el Congreso impidió en 2017 en dos ocasiones la apertura de juicios al negarse a levantarle la inmunidad.
Según las investigaciones, el esquema corrupto funcionaba sobre todo en torno a Petrobras, situada en el centro del «boom» económico brasileño de la década pasada por los altos precios del petróleo. Numerosas empresas privadas sobornaban sistemáticamente a funcionarios y políticos para asegurarse contratos con el gigante estatal.
Ese modus operandi, descubrieron luego los investigadores, se extendía a otros sectores como los de la construcción o la alimentación, donde el empresariado brasileño expandía sus negocios en gran parte gracias al contubernio con la clase política.
Fin de la impunidad y descontento político en Brasil
«Lava Jato» ha generado un enorme descontento entre la población, al punto de que hasta un 21 por ciento de los brasileños ven como una posible solución un régimen militar como el que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, según una encuesta de 2017.
El segundo favorito para las elecciones presidenciales de octubre, el «antisistema» Jair Bolsonaro, es un populista de ultraderecha que aboga por una política de mano dura con el crimen organizado, en detrimento de los derechos humanos.
Por delante sólo tiene a Lula, aunque se espera que el ex presidente, que quiere un tercer mandato y es aún muy popular por los programas sociales de sus Gobiernos, quede pronto fuera de la carrera electoral por sus juicios de corrupción.
Muchos observadores, sin embargo, ven en la crisis también una oportunidad de regeneración para el país.
«La aplicación del derecho penal en Brasil está en transformación», cree Bruno Brandao, representante de la organización Transparencia Internacional en el país. «La Justicia brasileña había sido históricamente incapaz de llegar a las élites económica y política y siempre garantizó la impunidad casi absoluta para la corrupción y otros delitos de cuello blanco», dijo Brandao a la agencia dpa.
Ahora, juicios como el de Lula «reflejan un proceso amplio de transformación de la Justicia», celebró.
Otros confían en que el descrédito de los políticos tradicionales lleve al poder a alguien «limpio» como el ex juez del Tribunal Supremo Joaquim Barbosa, un azote de la corrupción en la década pasada y voceado a menudo como candidato, o la ex ministra Marina Silva, una elogiada activista ambiental que se distanció temprano de Lula.
Cataclismo en Perú y pocos avances en otros países
El terremoto político por «Lava Jato» en la región está vinculado con el caso Odebrecht, que reconoció haber pagado más de 788 millones de dólares en diez países latinoamericanos desde 2001.
El país más afectado es hasta ahora Perú, donde un ex presidente, Ollanta Humala (2011-2016), está encarcelado a la espera de juicio y otro, Alejandro Toledo (2001-2006), está prófugo de la Justicia. El actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, afronta un proceso de destitución en el Congreso.
En Argentina, la Justicia investiga el pago de sobornos por 35 millones de dólares que llegaron presuntamente a altos funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015). Se abrieron varias causas judiciales, pero éstas no han avanzado aún al punto de involucrar formalmente a altas personalidades políticas.
En México, donde Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 10,5 millones entre 2010 y 2014, se critica que nadie haya caído todavía por el caso. El ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, señalado directamente en la causa en Brasil, niega las acusaciones. El único efecto del escándalo ha sido hasta ahora la inhabilitación de una filial de Odebrecht por seis años.
Por Isaac Risco (dpa)