Ovidio Zapico ha defendido en el pleno de la Junta General del Principado la Ley de Vivienda de Asturias, algo que a su juicio constituye el correlato autonómico de los decretos estatales de protección residencial y ha reclamado que su aprobación se convierta en el primer compromiso político del Frente Amplio con la mayoría social y la clase trabajadora.
En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre vivienda de la diputada Covadonga Tomé, Zapico ha expresado la necesidad de que las fuerzas progresistas actúen unidas ante el principal problema de la ciudadanía y ha instalado a culminar la negociación de la norma, incorporando las mejoras que puedan acordarse.
El titular de Vivienda ha destacado tres avances fundamentales que incorpora el proyecto. En primer lugar, la protección del parque público frente a las propuestas de venta y la calificación permanente de la vivienda protegida, que impedirá que pierda su función social. Por otro lado, un régimen sancionador para las zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta “necesaria” para reforzar la eficacia de las declaraciones, que el Gobierno de Asturias está dispuesto a ampliar. Por último, ha subrayado que la norma reconoce la vivienda como un determinante de la salud, al entender que las dificultades para acceder a un hogar digno repercuten en las condiciones de vida y en el bienestar de la clase trabajadora.
“Deberíamos ir dándola ya por concluida y alcanzar ese acuerdo que nos permita tener ley de vivienda”, ha reclamado Zapico. Asimismo, ha insistido en que la negociación debe traducirse “cuanto antes” en un compromiso político compartido. También ha defendido que la norma permitirá consolidar la función social de la vivienda y reforzar las herramientas públicas para garantizar el acceso a un hogar digno.
Dos modelos frente a un problema
Durante su intervención, Zapico ha contrapuesto dos maneras de entender las políticas residenciales: “La que considera la vivienda un derecho y la que la trata como un bien de mercado susceptible de especulación”.
En este sentido, ha criticado la oposición del Partido Popular y Vox a las medidas estatales dirigidas a proteger a los hogares más vulnerables y ha respaldado la intervención pública como u herramienta necesaria para corregir los desequilibrios del mercado. En este sentido, ha citado los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) expuestos durante el pleno: el 79% de la población española considera que la vivienda es un derecho y el 91% reclama un mayor parque público. También ha señalado que el 76% respalda la intervención en el mercado residencial y el 71% apoya la congelación de los precios del alquiler.
A juicio de Zapico, el Gobierno de Asturias debe continuar desarrollando políticas que combinen la ampliación de la oferta pública, la rehabilitación y las medidas de protección. “En materia de vivienda no se soluciona nada de un día para otro. Se necesita el medio y el largo plazo”, ha recordado.
Igualmente, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Asturias de impulsar 1.500 viviendas públicas durante la legislatura. Según ha explicado, más de 600 viviendas están ya terminadas o en construcción, mientras que el Ejecutivo prepara la licitación y adjudicación de más de 800 adicionales antes de que finalice el mandato.
Zapico ha indicado que las actuaciones desarrolladas en el Principado contrastan con la trayectoria de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular y ha aludido expresamente a Galicia. “Recomiendo un ejercicio muy práctico en Google. Tecleen viviendas, Xunta de Galicia y nuevas promociones”, ha recomendado. El consejero hacía referencia así a la entrega, por parte del presidente Alfonso Rueda, de 24 viviendas públicas en Santiago de Compostela, las primeras promovidas por la Xunta en la ciudad desde 2007.
Frente a ese modelo, el titular de Vivienda ha reivindicado el impulso de promociones públicas y proyectos de rehabilitación en distintos concejos.
En este contexto, ha destacado la colaboración institucional con los ayuntamientos y se ha referido a la aprobación, hoy mismo, por parte del Consejo de Gobierno, de los últimos trámites para la cesión de terrenos en Oviedo y Villaviciosa destinados a nuevas promociones públicas. En el caso de Oviedo, la cesión de terrenos permitirá levantar más de 270 viviendas públicas en Les Campes.
La función social del parque público
En respuesta a las críticas sobre la revisión de las rentas y los requisitos de permanencia en las viviendas de Vipasa, Zapico ha subrayado el carácter “eminentemente social” de la empresa y ha cuestionado que mantengan esta protección personas con “un salario bruto de 70.000 euros” y tres pisos en propiedad. “Hay 3.000 personas fuera que sí la necesitan”, ha recordado, en referencia a quienes esperan acceder a una vivienda pública.
Zapico ha incidido en que las políticas de vivienda deben garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes necesitan esa protección social y ha reivindicado la intervención pública para consolidar la vivienda como un derecho. Así, ha insistido en la importancia de culminar la negociación de la Ley de Vivienda de Asturias para reforzar la función social del parque público y dotar a la Administración de herramientas más eficaces para garantizar el acceso a un hogar digno.
“El primer problema que tiene hoy la gente requiere acción”, ha advertido, antes de hacer un llamamiento al acuerdo que permita consolidar los avances de la legislatura y afianzar un modelo que entienda la vivienda como un derecho y no como un negocio.