El Gobierno de Guatemala se pronunció el lunes 2 de junio en contra de las órdenes de captura emitidas por la Sala Tercera de Apelaciones contra la fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez. Las autoridades guatemaltecas aseguraron que dichas medidas carecen de fundamento jurídico y representan una distorsión de los principios del derecho internacional.
A través de un comunicado oficial publicado esa misma noche, el Ejecutivo afirmó: «Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos».
El pronunciamiento también sostiene que las decisiones judiciales buscan encubrir investigaciones de corrupción que fueron lideradas por Camargo y Velásquez en el contexto de su trabajo con la Cicig. «Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional», expresa el comunicado.
Asimismo, el texto denuncia que las actuaciones recientes del Ministerio Público se inscriben en una estrategia más amplia. «Se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público y la Fiscal General de la República. También de jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal«, se afirmó.
El Gobierno de Guatemala también informó que ya inició contactos con su par colombiano para gestionar una respuesta diplomática. «Ya se está en contacto con las autoridades del país hermano de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan», se indicó.
Tras conocerse la decisión judicial, diversas figuras políticas colombianas reaccionaron en redes sociales. Iván Velásquez publicó: «Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí».
Desde el oficialismo, el exvicecanciller Jorge Enrique Rojas escribió: «No les perdonan sus acciones contundentes contra la corrupción en Guatemala. Al ex ministro Iván Velásquez y a la Fiscal Luz Adriana Camargo les están cobrando la contundencia de las acciones realizadas entre 2014 y 2017 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) implementada en ese país por la ONU«.
Entre los opositores, el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez manifestó: «Es insostenible tener una Fiscal General con una orden de captura activa. Luz Adriana Camargo debería renunciar y enfrentar sus líos judiciales por fuera del cargo, un año de nula gestión, y ahora esto».
Por Martin Olivera / NotiPress