En Argentina, la discusión sobre la implicación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico se intensifica, generando un espacio de controversia entre figuras clave del gobierno. La vicepresidente Victoria Villarruel manifestó en entrevista su desacuerdo con la decisión de involucrar al ejército en dichas operaciones, una postura que contrasta con las intenciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente Javier Milei.
Así, la disputa surgió tras la revisión de responsabilidades asignadas a Villarruel, especialmente en las áreas de Defensa y Seguridad, que habían sido previamente acordadas durante la campaña electoral. A raíz de esto, Bullrich invitó públicamente a Villarruel a debatir sobre el tema, enfatizando la necesidad de superar las heridas del pasado y considerar un nuevo enfoque para el futuro de las fuerzas armadas dentro del marco democrático. La primera entrevista de la vice de Milei fue el 21 de marzo de 2024 con Jonatan Viale para TN.
Villarruel expresó su preocupación recordando los oscuros capítulos de los años 70, cuando acciones contra el terrorismo llevaron a excesos y crímenes de lesa humanidad, lo que resultó en encarcelamientos de militares de esa época. Argumentó que la lucha contra el narcotráfico, siendo una cuestión civil, no debería ser tarea de los militares, sugiriendo que el Estado debe asumir la responsabilidad directa de estas acciones sin recurrir a las fuerzas armadas.
Bullrich, por otro lado, defendió la propuesta, argumentando que las fuerzas armadas son una parte integral de la democracia y que la discusión debería centrarse no solo en los hechos del pasado sino también en las necesidades actuales del país. Insistió en la importancia de avanzar y adaptar las leyes de seguridad para enfrentar los desafíos contemporáneos, incluyendo el narcotráfico, que considera un acto de terrorismo.
Esta división de opiniones en el corazón del Poder Ejecutivo refleja un debate más amplio en la sociedad argentina sobre cómo abordar efectivamente el narcotráfico sin repetir los errores del pasado. Mientras que algunos ven en la participación de las fuerzas armadas una posible solución a un problema creciente, otros temen las implicaciones de revivir prácticas que podrían amenazar los principios democráticos y los derechos humanos.
La propuesta de reforma de la ley de seguridad interior para permitir una mayor participación militar en asuntos internos marca un posible punto de inflexión en la política de seguridad argentina. Sin embargo, la polarización de opiniones evidencia que cualquier cambio significativo requerirá de un consenso político y una cuidadosa consideración de las lecciones aprendidas de la historia.
Por Francisco Vicario / NotiPress