La directora de la Agencia Catalana del Consumo (ACC) de la Generalitat, Montserrat Ribera, ha anunciado enviarán un requerimiento de información a Aena para que le informe de los vuelos de Vueling que han registrado retrasos y cancelaciones en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y enviará otro requerimiento a la aerolínea.
En declaraciones a los medios este viernes, Ribera ha explicado que aún no han recibido respuesta de Vueling sobre el requerimiento que presentaron este martes –tiene un plazo de diez días para responder–, y que en el nuevo pedirán datos más específicos y concretos sobre los vuelos y pasajeros afectados, y ha añadido que es muy probable que este expediente derive en una sanción.
Ha afirmado que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es quien tiene competencias en aspectos como los retrasos y cancelaciones, por lo que debería de actuar con celeridad y «dar explicaciones» porque es su responsabilidad, como parte de la administración del Estado, y ha añadido que la Conselleria de Empresa trabaja con la Conselleria de Territorio en este sentido.
Ribera ha observado que la Generalitat no puede multar a empresas por retrasos, pero sí que defiende los derechos del consumidor y, en el caso de esta semana, ha considerado que se vulneran los derechos de los consumidores cuando estos no reciben información y no encuentran a nadie de la empresa en las ventanillas del aeropuerto.
SANCIÓN GRAVE
«Este expediente de requerimiento que hemos iniciado es muy probable que derive en un expediente sancionador» a Vueling, en función de los datos recabados y las denuncias que lleguen de consumidores, ha explicado Ribera, y ha pedido a las personas que no encuentren a representantes de la compañía que denuncien la situación a la ACC.
Sería una sanción grave, que están tipificadas entre 10.000 y 100.000 euros y, en función de las personas a las que pueda afectar y la cantidad de dinero que represente, se puede multiplicar hasta cinco el coste de los billetes, ha relatado, y ha añadido que, como todas las sanciones, podrá ser recurrida, pero que suelen ganar en los casos de mala praxis hacia el consumidor.
Ribera ha manifestado que todavía no han recibido reclamaciones de los consumidores porque es muy reciente, y ha observado que el ‘overbooking’ es legal, pero que la compañía tiene la obligación de informar de la situación y los derechos en todo momento, dar asistencia a los pasajeros en retrasos de más de dos horas -como comida y agua– y dar compensaciones en retrasos de más de tres horas.
Cuando el tiempo de retraso supera las cinco horas se considera una cancelación, que implica que la empresa pague estancia en un hotel, desplazamientos y dietas, con compensaciones de entre 200 y 400 euros para vuelos en la UE y de hasta 600 para los vuelos de fuera.
También ha recordado la obligación de reubicar a los pasajeros en «la primera oportunidad» que tenga la empresa, y ha hecho hincapié en la necesidad de hacer la reclamación en el mismo aeropuerto, a la llegada, y de presentar reclamaciones a consumo si la respuesta de la empresa no es satisfactoria, mientras que ha recordado la necesidad de hacer escalas de varias horas para evitar perder los vuelos.