Greenpeace ha trasladado su alegría y asegura que sus miembros están felices por la sentencia del Tribunal Supremo que declara no urbanizable los terrenos donde se erige el hotel El Algarrobico en el municipio almeriense de Carboneras y reclama al Gobierno en funciones que inicie «ya» su demolición y la restauración del entorno.
Así lo ha expresado «con mucha alegría» la responsable del programa de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, tras conocer la sentencia del Alto Tribunal, que señala que el hotel se construyó en suelo «no urbanizable» y de «alta protección», en línea de lo que afirmaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2012, aunque «sorprendentemente» dos años después se desdijo en respuesta a un recurso de la propietaria, Azata del Sol mercantil.
Marcos recuerda en declaraciones a Europa Press que Greenpeace recurrió entonces al Tribunal Supremo para que dilucidara la cuestión y aclarase ese cambio de postura, incluso después de que la Junta de Andalucía modificase el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Cabo de Gata en lo referente al sector del Algarrobico y reconociese que el suelo no era urbanizable. Esto motivó que Azata interpusiera un recurso al TSJ que consideró que el suelo sí era urbanizable.
«Para nosotros se cierra una historia de 11 años de lucha y media docena de acciones en el hotel», ha declarado Marcos que ha añadido que «ahora le toca» al Gobierno en funciones y a la Junta de Andalucía poner en marcha el protocolo de demolición que ambas instituciones firmaron en 2011 y en el que se comprometen a demoler el hotel y a restaurar el entorno del parque natural.
En esta línea ha valorado la «lucha enorme» de la ONG todos estos años y ha admitido que al conocer la sentencia «se han visto lágrimas en la oficina» por el respaldo que supone la sentencia del Tribunal Supremo a «un símbolo como es el Algarrobico», en un momento en el que la ONG observa con preocupación «retrocesos en la protección ambiental».
En definitiva, ha asegurado que el hotel puede «ya» ser demolida y desaparecer para iniciar el plan de recuperación. A su juicio «cualquier gobierno por el cambio debe apostar por cambiar el modelo urbanístico y reforzar la protección ambiental» en España.
Finalmente, ha recordado las palabras del exministro de Medio Ambiente Miguel Arias Cañete quien se comprometió públicamente con su demolición y cifró en unos 7,3 millones de euros el coste de la operación, que sería financiada al 50 por ciento con la Junta de Andalucía. «Ahora ya se puede», ha subrayado Marcos, que ha celebrado que la sentencia quite la razón «a toda la gente que ha estado criticando a las ONG ecologistas» que han luchado contra El Algarrobico.