La Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios (CETM) ha incidido en la necesidad de llegar a un acuerdo «lo antes posible» en la adaptación de la normativa española a los requerimientos que impone una sentencia del Tribunal de Justicia Luxemburgo, para evitar así la situación de «incertidumbre» actual que, avisan, hará que «se resienta el sector».
Así lo ha trasladado en una rueda de prensa su coordinador general, Antolín Goya, en el marco de la asamblea general de la organización –que se celebra este martes y miércoles en Vigo–, donde ha alertado de que en la actualidad, fruto de esta sentencia, hay «inestabilidad» tanto en las empresas que invirtieron como en las que desean invertir, además de en los trabajadores.
«El sector no puede soportar mucho más tiempo esa presión, necesita imperiosamente un mensaje de estabilidad, tranquilidad y continuidad», ha resumido, antes de remarcar que el modelo español de estiba ha arrojado cifras «en alza» incluso en época de crisis y, de hecho, es «probablemente el más competitivo», al dar un servicio «barato y de calidad».
Aunque ha recordado que el pasado mes de febrero el Ministerio de Fomento, los sindicatos y la patronal iniciaron reuniones de cara a buscar un consenso en la adaptación de la normativa, Goya ha comentado que no se ha avanzado lo esperado después de que se produjesen imprevistos, como el accidente aéreo de Germanwings, el hundimiento del pesquero ruso en Canarias, el incendio del ferry entre Palma de Mallorca y Valencia, y las elecciones municipales.
«Ahora es el momento de reactivar» las negociaciones para «darle continuidad» a la actividad de los estibadores, ha recalcado el coordinador, que ha asegurado que la posición del Ministerio de Fomento ha sido «fluida» y «positiva», aunque ha reclamado a la patronal que «abandone su posición ambigua y se implique en la defensa del sistema portuario español».
ADAPTACIÓN A EUROPA
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal la normativa española que obliga a las empresas estibadoras a contratar a sus trabajadores a través de empresas de gestión de personal SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios); a ser socios y participar en el capital de éstas; y a tener una participación del 25 por ciento de relación laboral común.
Goya ha indicado que, para adaptar la norma española en estas cuestiones, la Coordinadora ha creado una propuesta, que ha remitido al Ministerio de Fomento, con la que cree que se «responde a la sentencia, da garantía a los trabajadores y continuidad al modelo».
Así, sobre la obligación de participación de relación laboral común en la estiba, acepta «que no haya un mínimo», y sobre la de ser socios de SAGEP cree que «es asumible» que no sea imprescindible, aunque, como la formación y cualificación del personal genera unos costes, propone dar «algún tipo de bonificación» a los que los asuman.
Finalmente, sobre la contratación a través de SAGEP, que considera el «punto clave», plantean que España haga «un fundamento jurídico» apoyado en el Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contempla que cada puerto tenga un registro específico de estibadores que sean preferentes para conseguir empleo.