El concejal de Turismo de Barcelona y vicepresidente del consorcio Turisme de Barcelona, Agustí Colom, ha destacado este martes que el Ayuntamiento quiere reforzar su capacidad de decisión en la gobernanza del consorcio, después de que el pasado jueves presentara la iniciativa Barcelona Medical Destination, de la que el consistorio no tenía constancia y a la que se opone.
Preguntado en rueda de prensa, Colom ha explicado que se reunió este lunes con el presidente del comité ejecutivo de Turismo de Barcelona, Joan Gaspart, y la dirección del consorcio para analizar la creación de la marca, de la que han acordado la congelación temporal de sus recursos dirigidos a promover el turismo sanitario en centros privados hasta que analicen el convenio y tomen una decisión.
Ha insistido en que acordaron mejorar la gobernanza del consorcio para garantizar el liderazgo y la capacidad de decisión del Ayuntamiento, introduciendo figuras y mecanismos que están por concretar, tras lo que ha resaltado: «Turisme de Barcelona es un consorcio público privado, y las decisiones se deben tomar conjuntamente».
«La voz del Ayuntamiento debe estar presente en el máximo nivel de decisión y se debe mejorar y reforzar nuestra capacidad de decisión y liderazgo», ha aseverado Colom, que ha reiterado que el Ayuntamiento no comparte que se destinen recursos públicos a la promoción de la sanidad privada cuando faltan de recursos en la sanidad pública, en sus palabras.
NUEVOS CONSELLERS
Ha resaltado que el Ayuntamiento todavía no se ha reunido con la Generalitat, y ha destacado que abordará el convenio con los nuevos consellers del Govern, para saber «si comparten o no los mismos criterios que los consellers que habían firmado el convenio dos días antes» de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Ha resaltado que existe el «tiempo suficiente para poder parar, valorar y tomar decisiones» ante el convenio, que prevé aumentar un 20% en dos años el número de pacientes extranjeros que se tratan en 15 centros sanitarios privados catalanes –cuatro de ellos concertados–, respecto a los 20.000 usuarios que se atienden actualmente.