El concejal de CiU en Barcelona Jordi Martí ha exigido este miércoles al Gobierno de Ada Colau que descarte llevar a aprobación definitiva y retire el Plan Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) porque «tiene carencias y déficits muy importantes desde el punto de vista jurídico y político, por las consecuencias económicas y por el impacto negativo que puede tener en el patrimonio y las arcas municipales».
«Pedimos no sólo la retirada del Peuat, sino que se inicie un proceso de diálogo para encontrar un nuevo instrumento jurídico que tenga el máximo consenso social y político», ya que el actual no reúne el consenso requerido, ha criticado Martí en rueda de prensa, en la que ha asegurado que su grupo presentará alegaciones en las próximas horas.
Considera que el Peuat planteado por el Gobierno municipal cuenta con «planteamientos que están al borde de la ilegalidad en algunos casos», y ha avisado que, si el plan se aprueba como está planteado, provocará el aumento de la oferta ilegal y de la economía sumergida y será contrario a los principios de competencias por obstaculizar la entrada de nuevos operadores.
Martí ha avisado de que el Peuat «esconde una auténtica modificación de Plan General Metropolitano» (PGM) y pretende prohibir unos usos que permite este plan, por lo que ha insistido en que un plan especial como el Peuat no es la herramienta adecuada ni válida para modificar criterios de ordenación establecidos en una norma de rango superior.
Sostiene que el Peuat es fruto de clichés ideológicos basados en la desconfianza ante la iniciativa privada, en palabras de Martí, que ha dicho que CiU «no puede estar de acuerdo con ninguna política dirigida al decrecimiento económico», tras lo que ha defendido la importancia del turismo y ha resaltado que el ejecutivo del exalcalde Xavier Trias actuó ante sus efectos negativos.
LA SAGRERA
Preguntado por las presuntas irregularidades que han ralentizado las obras del ámbito de la Estación de la Sagrera anunciadas este martes por el Secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, Martí ha lamentado la «falta de transparencia y de información».
Tras recordar que la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat está participada por el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento, la Generalitat y Adif, Martí ha señalado: «Tenemos que esperar a que la Fiscalía actúe y se depuren eventuales responsabilidades, pero lo que queremos es que las obras sigan adelante», algo por lo que trabajarán con el Ayuntamiento y a la Generalitat, ha dicho.