El Ayuntamiento de Barcelona envió cartas a 22 plataformas digitales de apartamentos turísticos requiriendo una lista con los pisos que no cuentan con el número de registro de la Generalitat, de las que cuatro le facilitaron la lista y ocho presentaron alegaciones.
Preguntada por la concejal de CiU Sònia Recasens en la comisión de Economía y Hacienda, el concejal de Empleo, Empresa y Turismo, Agustí Colom, detalló que seis de los recursos alegan que no pueden facilitar la lista porque incumplirían la Ley de Protección de Datos, mientras que los otros dos han pedido alargar el plazo para entregarla.
Concretó que las cartas se enviaron entre el 14 de septiembre y el 1 de octubre a las 22 plataformas, pero que no recibieron el acuse de recibido de nueve de ellas, y que 15 de los portales tienen dirección en España, mientras que cinco están en el resto de Europa y dos en Estados Unidos.
Colom aseguró que están haciendo seguimiento de la respuesta de las plataformas y sus recursos, y garantizó que abrirán expedientes sancionadores si no colaboran.
También preguntado por Recasens, Colom, destacó que la Generalitat ha transferido al Ayuntamiento 1,3 millones de euros por la tasa turística de entre enero y marzo de 2015, y que el Gobierno municipal no ha decidido aún a qué proyectos destinará la mitad de los recursos.
MOVILIDAD
Josep Garganté (CUP) propuso incluir en los Presupuestos de 2016 partidas para garantizar la gratuidad del transporte público para determinados colectivos –que fue con los votos en contra de BComú, CiU y ERC y las abstenciones de C’s, PSC y PP–, ante la que la concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, defendió que la idea de fondo pero ha señalado que no pueden garantizarlo.
Garganté señaló que el Ayuntamiento no debería garantizar su gratuidad, sino que deberían hacerlo la Generalitat y el Gobierno central, y ha asegurado que apuestan por una tarificación social que facilite el acceso al transporte público.
Preguntado por Javier Mulleras (PP) por si el Gobierno municipal prevé revertir la operación que en el mandato anterior externalizó la gestión de 26 aparcamientos del centro de la ciudad por 174 millones de euros, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, lo descartaba porque el contrato incluye cláusulas millonarias en caso de cancelación, de al menos 216 millones.
Mulleras aseguró que el Ayuntamiento exigirá a Barcelona Aparcaments Municipals (Bamsa) que cumpla con todas las cláusulas contractuales, especialmente a las relacionadas con la transparencia y el servicio público.
El Gobierno municipal aceptó un ruego de la concejal republicana Trini Capdevila para estudiar la viabilidad de adjudicar algunos de sus servicios energéticos a empresas cooperativas y que promuevan las energías renovables, algo que el equipo de Colau ha asegurado que ya está estudiando.