La Asociación de Vecinos de la Platja de Gavà ha elevado su petición de penas hasta los siete años de prisión para los exaltos cargos de Aena y de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente que han sido enjuiciados por un presunto delito medioambiental por el ruido de los aviones al abrirse la tercera pista del aeropuerto de Barcelona-El Prat en 2004.
A la conclusión del juicio, el abogado de la acusación, Pablo Barrenetxe, ha solicitado una pena de seis años de prisión para el expresidente de Aena, Manuel Azuaga; para el exdirector general de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, Manuel Bautista, y para el exdirector general de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Alejandre; y de siete años de prisión para el exdirector de la oficina ejecutiva del Plan Barcelona, Francisco Gutiérrez, y para el exresponsable de la dirección ambiental de las obras de ampliación del aeropuerto, Francesc Xavier Montoro.
La acusación, que ha retirado la solicitud de condena por lesiones, ha elevado su petición inicial de tres años de prisión al considerar que se había cometido un delito contra el medio ambiente continuado ya que los aviones estuvieron sobrevolando durante dos años el barrio de Gavà Mar, provocando un ruido que, según los vecinos, incumplía la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del aeropuerto y la Ley 16/2002 del Parlamento de Cataluña de Protección contra la contaminación acústica.
Por su parte, la fiscalía ha mantenido su posición inicial y no ha presentado cargos contra los acusados, mientras que los abogados de la defensa han solicitado la absolución de sus representados.
En declaraciones a Europa Press, el abogado Rafael Entrena, representante legal de los acusados Francisco Gutiérrez y Francesc Xavier Montoro, ha afirmado que «ni con la ley estatal ni con la ley catalana se incumplió la norma y, además, cuando se puso de manifiesto el problema de ruidos se tomaron todo tipo de medidas para solucionarlo».
Una de las controversias que se ha dirimido en el juicio ha sido la interpretación de la Ley 16/2002 del Parlamento de Cataluña de Protección contra la contaminación acústica, en los apartados referidos al ruido generado por las infraestructuras de transporte y al cálculo y la aplicación de los valores límites de inmisión y de los valores de atención, aspectos sobre los que han discrepado los peritos presentados por las diferentes partes.
La tercera pista del aeropuerto de Barcelona-El Prat se puso en servicio a finales de 2004, provocando las quejas de los habitantes de Gavà y de Castelldefels por el elevado ruido de los aviones, lo que obligó a Aena a invertir 19 millones de euros en obras que hicieron posible cambiar la configuración de pistas y disminuir las molestias a los vecinos.