Facua ha alertado de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «presiona» para liberalizar el taxi y esto va en contra de los intereses de los usuarios y del propio sector.
En concreto, la asociación de consumidores ha mostrado su desacuerdo con el informe emitido por el organismo regulador de la Competencia sobre el sector del taxi, al considerar que «se pone en riesgo la protección de los derechos de los consumidores».
Facua aboga por «un servicio que garantice los derechos de los usuarios y un régimen de precios máximos autorizados», según ha informado por medio de un comunicado, mientras que para Competencia la limitación de licencias o la fijación de tarifas son «obstáculos a la competencia efectiva» del sector. El regulador apuesta, entre otras cosas, por que los ayuntamientos no establezcan precios máximos para fomentar «un comportamiento competitivo entre los operadores».
Según el informe, los consistorios no deberían imponer turnos ni horarios a los taxistas, ni tampoco limitar mediante permisos la colocación de publicidad en sus vehículos o crear radioemisoras. De hecho, este verano el regulador ha pedido a los Ayuntamientos de Málaga y Córdoba que derogaran varios artículos de sus nuevas ordenanzas y les ha advertido de que las impugnaría ante los tribunales, según ha denunciado Facua.
La asociación de consumidores defiende un servicio público del taxi regulado y sometido a planificación, con garantías suficientes de información sobre sus condiciones, calidad, precios, seguridad y accesibilidad para que el servicio sea óptimo.
Por ello, no comparte el informe emitido por la CNMC, que supone «una auténtica apuesta por desregular el servicio público del taxi, sin que ello necesariamente deba llevar aparejado por sí mismo mayores beneficios para el consumidor, mejoras del servicio o más competencia».
PRECIOS MÁXIMOS
De acuerdo con la asociación, este sector debe estar regulado y tener claramente definido el marco de derechos y obligaciones de los usuarios del servicio, los parámetros y/o niveles de calidad del servicio exigibles y un marco tarifario sometido a un régimen de precios máximos autorizados y a una licencia y garantizar su accesibilidad a los usuarios que lo soliciten o requieran del mismo.
Además, advierte de que la planificación y la regulación, con unas tarifas «claras y garantistas» para el consumidor, es el camino para «luchar contra los abusos y la discriminación en este servicio».
Sin embargo, la asociación comparte algunos aspectos analizados por la CNMC en el informe, como la exigencia de requisitos de antigüedad máxima para que los vehículos puedan estar en servicio y la regulación de unas condiciones de limpieza y comodidad o confort del vehículo, así como que el usuario tenga reconocido su derecho a elegir el mismo.
Por otra parte, el informe de Competencia critica que se imponga la bajada de bandera en el lugar en el que se encuentre le vehículo en los servicios solicitados a distancia y no en el lugar en el que efectivamente se recoja al pasajero, por lo que aboga por que no se imponga como obligación sino que se ofrezca la libertad de elección a los taxistas para bajar la bandera en el lugar donde se encuentren o cuando el pasajero entre en el vehículo.
En relación con la posición del regulador en este aspecto, Facua ha alegado que «se queda a medias», en lugar de «defender que la bajada de bandera se produzca cuando el pasajero entre en el coche, evitando así un agravio económico injusto para el usuario».
Por último, la asociación considera que se deben establecer requisitos claros para prestar el servicio relacionados con los conductores, como formación, capacitación o condiciones de prestación del servicio.