(EUROPA PRESS) – La Fiscal Superior del Principado de Asturias, María Esther Fernández García, ha señalado el viernes que «la transparencia es total» en la comunicación del Gobierno asturiano sobre las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus y que no ha detectado «ninguna irregularidad» en la actuación en los centros públicos y privados de la comunidad.
En respuesta a los medios durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía del Principado de Asturias relativos al año 2019, Fernández ha indicado que actualmente sólo hay abierta investigación sobre el Instituto Gerontológico Astur, antigua residencia geriátrica El Carmen de Gijón.
«La transparencia es total y yo no he detectado ninguna actuación irregular», ha señalado, apuntando que durante el estado de alarma recibía dos comunicaciones diarias con el informe de situación en los centros residenciales y que, tras detectarse el primer caso en la ‘nueva normalidad’ vuelve a estar en contacto dos veces al día con el Principado sobre el control de las residencias asturianas.
Además, ha recordado que la Fiscalía realiza inspecciones periódicas en defensa de las personas vulnerables en los centros asistenciales, aunque con las limitaciones vinculadas a la COVID-19 tuvieron que dejar de ser presenciales pero se ha mantenido un «control exhaustivo».
ABSENTISMO ESCOLAR
En cuanto al inicio del curso escolar y la posibilidad de que haya familias que no lleven a los menores a los centros, la fiscal ha incidido en los deberes que lleva aparejada la ‘patria potestad’. De este modo, señala que tradicionalmente se hace un seguimiento sobre el absentismo escolar y en la actual situación habrá que «analizar cada caso» si se produce.
Así, advierte de que si hay absentismo escolar «sin justificación, se actuará en consecuencia y se incoarán diligencias». «Se puede castigar con pena de multa pero también con inhabilitación para la patria potestad», añade.