![\"fotonoticia_20151113091753_800\"](\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/fotonoticia_20151113091753_800-360x261.jpg\")
El Tribunal Constitucional ha estimado \u00abparcialmente\u00bb el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista contra Ley de Protecci\u00f3n y Uso Sostenible del Litoral y de modificaci\u00f3n de la Ley de Costas de 1988 que aprob\u00f3 el Gobierno en 2013.<\/p>\n
Seg\u00fan la sentencia del tribunal a la que ha tenido acceso Europa Press, en concreto se declaran \u00abinconstitucionales y nulos\u00bb un art\u00edculo y tres disposiciones, mientras que considera que otra de las disposiciones recurridas es constitucional y desestima el recurso \u00aben todo lo dem\u00e1s\u00bb.<\/p>\n
De este modo, no se podr\u00e1n excluir del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo los terrenos destinados a cultivo marino o a salinas mar\u00edtimas, terrenos que hayan sido inundados artificial o controladamente a consecuencia de las obras o instalaci\u00f3n realizadas al efecto para estas actividades. El Tribunal Constitucional ha anulado as\u00ed un nuevo apartado de la Ley de 2013 a la disposici\u00f3n transitoria primera de la ley de 1988.<\/p>\n
El fallo manifiesta que la \u00abincongruencia del legislador\u00bb hace \u00abevidente la arbitrariedad\u00bb de esta exclusi\u00f3n de las salinas o cultivos marinos porque se han ganado al mar como consecuencia directa o indirecta de obras y de terrenos desecados en su ribera y que integran el dominio p\u00fablico, pese a que lo sean por causa artificial.<\/p>\n
Adem\u00e1s, ha declarado inconstitucional la disposici\u00f3n adicional cuarta sobre el deslinde en la isla de Formentera. En concreto, anula que quede incluido en el dominio p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre \u00abcon car\u00e1cter excepcional y debido a la especial configuraci\u00f3n geomorfol\u00f3gica\u00bb de la isla el espacio de territorio que ba\u00f1a al mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean.<\/p>\n
El texto de la ley entend\u00eda que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco a\u00f1os inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde. Adem\u00e1s, no quedar\u00e1n incluidas las playas, riberas del mar o de las r\u00edas formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetaci\u00f3n nula o escasa y caracter\u00edstica.<\/p>\n
Igualmente, anula el plazo por el que la Administraci\u00f3n General del Estado ten\u00eda dos a\u00f1os para practicar el deslinde y, en esta misma isla, se anula el apartado de la disposici\u00f3n por la que se reintegran los bienes a los propietarios con un t\u00edtulo inscrito en el registro de la propiedad antes de la ley de 1998 de los terrenos que despu\u00e9s del deslinde previsto dejasen de formar parte del dominio p\u00fablico.<\/p>\n
El fallo considera inconstitucional la disposici\u00f3n adicional novena, por la que \u00aben atenci\u00f3n a las actuales y extraordinarias circunstancias econ\u00f3micas que fuerzan la restricci\u00f3n del gasto p\u00fablico y las inversiones\u00bb, las instalaciones de depuraci\u00f3n de aguas residuales que estuvieran construidas en dominio p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre antes de la Ley de 2013, se podr\u00edan mantener en ese emplazamiento y seguir con su actividad \u00abtemporalmente\u00bb, en las condiciones de servicio y explotaci\u00f3n que sean necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales exigidos por la normativa aplicable.<\/p>\n
Adem\u00e1s, anula el segundo apartado de esta disposici\u00f3n por la que una vez que las circunstancias econ\u00f3micas lo permitan se iniciar\u00e1n las actuaciones para dirigirse a la adecuada sustituci\u00f3n de tales instalaciones.<\/p>\n
En este sentido, el alto tribunal opina respecto a que estas instalaciones de depuraci\u00f3n deber\u00e1n ser reubicadas cuando sea posible por cumplimiento de una resoluci\u00f3n judicial, es inconstitucional \u00aben su totalidad\u00bb porque establece una excepci\u00f3n de contornos temporales m\u00e1s que imprecisos de la efectiva integridad del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo-<\/p>\n
terrestre, no permitida por el art. 132 CE.<\/p>\n
Tambi\u00e9n justifica esta decisi\u00f3n porque carece de cualquier \u00abjustificaci\u00f3n razonable expresa o inferible\u00bb ya que incurre en \u00abarbitrariedad prohibida al legislador\u00bb.<\/p>\n
Del mismo modo, se\u00f1ala que las circunstancias de \u00edndole puramente econ\u00f3mica que se aducen no constituyen una raz\u00f3n v\u00e1lida para la discriminaci\u00f3n que supone respecto del resto del dominio p\u00fablico natural y supone tanto la inejecuci\u00f3n de sentencias firmes por tiempo<\/p>\n
indefinido, como su ejecuci\u00f3n conforme a reglas espec\u00edficas, aunque indeterminadas, que quedan a la disposici\u00f3n discrecional del Gobierno y la Administraci\u00f3n General del Estado.<\/p>\n
El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por 106 diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados en contra de ocho apartados del art\u00edculo primero, el art\u00edculo segundo, de cinco disposiciones adicionales; de la disposici\u00f3n transitoria primera y del anexo de la norma.<\/p>\n
Sin embargo, el TC s\u00f3lo declara inconstitucionales el art\u00edculo 1.39, en cuanto introduce un nuevo apartado 5 en la disposici\u00f3n transitoria 1\u00aa de la Ley 22\/1988; la disposici\u00f3n adicional 4\u00aa, apartados 1, 2 y 4; y la disposici\u00f3n adicional 9\u00aa. Por el contrario, desestima el resto del recurso de los socialistas. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n especifica que la disposici\u00f3n adicional s\u00e9ptima, y su anexo correspondiente, impugnados por el PSOE, que recoge una lista de municipios exclu\u00eddos del domino p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre, s\u00ed es conforme a la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
En todo caso, respecto a los aspectos s\u00ed considerados inconstitucionales, el fallo considera que el legislador no puede excluir del dominio p\u00fablico a ninguno de dichos bienes gen\u00e9ricos ni a las partes, los bienes singulares o los elementos que los integran. De este modo, a\u00f1ade que rige una reserva de ley \u00abparticularmente estricta\u00bb, que persigue excluir la colaboraci\u00f3n del reglamento en la concreta operaci\u00f3n de ultimaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n de los bienes del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre.<\/p>\n
El Constitucional reflexiona sobre donde empieza y termina el dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre y recuerda que este l\u00edmite est\u00e1 \u00aball\u00ed donde se produzca el contacto\u00bb del litoral con las mareas u otros fen\u00f3menos naturales o artificiales y eso ser\u00e1 \u00abnecesariamente\u00bb zona mar\u00edtimo terrestre y, por ende de \u00abdominio p\u00fablico estatal\u00bb. En este sentido, insiste en que esta extensi\u00f3n no puede ser libremente configurada por la voluntad del legislador sino por hechos f\u00edsicos definidos o precisados mediante la observaci\u00f3n o la experiencia, y del conocimiento cient\u00edfico.<\/p>\n
CON INCONGRUENCIAS SOBRE EL CAMBIO CLIM\u00c1TICO<\/p>\n
La sentencia a\u00f1ade que, por tanto, los l\u00edmites de este dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre no son \u00abpermanentes ni inmutables\u00bb y se refiere al cambio clim\u00e1tico, la \u00abconstataci\u00f3n cient\u00edfica m\u00e1s relevante\u00bb aparecida desde la Ley de 1998 por sus consecuencias a la ampliaci\u00f3n del dominio p\u00fablico-mar\u00edtimo terrestre y estima que no se debe reducir este espacio, tal y como hace esta reforma legal.<\/p>\n
El fallo apela a las conclusiones del Grupo de Expertos sobre Cambio Clim\u00e1tico de la ONU (IPCC) que apunta que el calentamiento global es inequ\u00edvoco y duradero y que el Mediterr\u00e1neo y las costas bajas resultar\u00e1n \u00abespecialmente\u00bb afectados.<\/p>\n
En este sentido, considera que la ley impugnada reconoce un consenso sobre la certidumbre cient\u00edfica del cambio clim\u00e1tico porque adopta medidas para prevenir los riesgos asociados de regresi\u00f3n del litoral e<\/p>\n
inundaciones y, por el contrario, sin ofrecer una justificaci\u00f3n \u00abm\u00ednimamente aceptable\u00bb, adopta medidas \u00abde sentido contrario\u00bb, como la reducci\u00f3n de la extensi\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre, lo que a su juicio aumentar\u00e1 \u00abgravemente\u00bb la vulnerabilidad de la costa a los da\u00f1os ambientales, personales y patrimoniales derivados a este riesgo.<\/p>\n
Por otro lado, el TC cree que la norma de 2013 viola los principios de seguridad jur\u00eddica y proporcionalidad, de interdicci\u00f3n de la arbitrariedad y de irretroactividad respecto de situaciones ya perfeccionadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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