Berlín, 31 mar (dpa) – Unas 470.000 empresas en Alemania solicitaron al Gobierno en Berlín que intervenga y pague una parte del salario a sus empleados debido a las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus, según informó hoy el ministro germano de Trabajo, Hubertus Heil.
Entre las empresas solicitantes para implementar la conocida como jornada laboral reducida hay muchas compañías industriales, así como entidades de hostelería y comercios minoristas, dijo Heil.
Sin embargo, no es posible determinar exactamente cuántas personas se han inscrito en ese plan de trabajo, una herramienta que se remonta al colapso financiero de hace más de una década y que el Gobierno alemán ha reactivado para ayudar a las empresas a capear la tormenta del coronavirus.
Según el ministro alemán, es probable que el número supere ampliamente los niveles registrados durante la crisis de 2009, de alrededor de 1,4 millones.
Según el plan de reducción de jornada laboral previsto por la Agencia Federal de Empleo (BA), los empleados reciben hasta el 60 por ciento de su salario si su empleador ya no puede proporcionarles trabajo.
Esa cantidad aumenta al 67 por ciento si el empleado tiene hijos. Además, las empresas reciben el reembolso por las contribuciones a la seguridad social.
El ministro de Trabajo destacó que las medidas estaban destinadas a salvar puestos de trabajo y a que la gente tenga la oportunidad de reactivar la economía alemana tan pronto como se levanten las severas restricciones a la vida pública y económica.
«Estamos luchando por cada puesto de trabajo que se vea amenazado por esta crisis», aseguró Heil.
Sin embargo, destacó que las consecuencias por la pandemia de coronavirus impulsarán el desempleo en la mayor economía de Europa, aunque al mismo tiempo subrayó que el acceso a los beneficios se hará menos burocrático.
El presidente de la Agencia Federal de Empleo, Detlef Scheele, detalló que no hay límite en la cantidad de ayuda que las empresas pueden solicitar en el marco del programa.
«El dinero no es un factor limitante para financiar el derecho a la reducción de jornada laboral», dijo.
Por Rachel More y Michael Donhauser (dpa)