La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha advertido al Gobierno vasco sobre «las significativas barreras de entrada innecesarias» a nuevos operadores existentes en su nueva Ley de Turismo y le ha recomendado una profunda revisión del Anteproyecto para rectificar esta cuestión. De esta forma, le sugiere que suprima «todos aquellos aspectos que suponen barreras» para entrar a nuevos operadores por «colisionar con las leyes que protegen la libre competencia en los mercados».
En un comunicado, Competencia señala, en un informe sobre el Anteproyecto de Ley Vasca de Turismo, que la Administración «no puede incidir en la oferta de servicios en cuestiones referentes a su política comercial o generar conductas que favorezcan repartos de mercado».
La AVC reitera que una norma creada para ser aplicada a un sector empresarial cualquiera y que se manifiesta «preocupada por responder a las nuevas demandas sociales, debe respetar la innovación, la flexibilidad y la libertad de oferta en el sector».
Por ello, ha remitido al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco el informe que ha realizado, en el que explica «los diversos aspectos» que, en su opinión, suponen «importantes barreras de entrada al mercado turístico para nuevos operadores», y en el que pide su retirada.
La AVC recuerda que, «salvo que se verifique la necesidad de una intervención limitativa de la libertad de empresa en un sector de actividad determinado, la administración debe no sólo permitir, sino garantizar la existencia de ofertas diferenciadas en calidad, precio y demás características».
Para Competencia, la Exposición de Motivos del anteproyecto de Ley establece objetivos «poco específicos y de difícil interpretación».
En su opinión, el Anteproyecto de Ley de Turismo de Euskadi «opta por un sistema de registro obligatorio y declaración responsable que genera importantes barreras de entrada en el sector para los nuevos oferentes de servicios».
En este sentido, considera que un sistema de registro voluntario, junto con la garantía de que las ofertas realizadas por los operadores contienen detalle de las condiciones completas de los alojamientos ofrecidos «podría alcanzar el mismo objetivo de protección de los turistas de manera menos limitativa de la competencia».
En este sentido, cree que son «barreras de entrada, que no están justificadas», la obligatoriedad de la inscripción en el registro de viviendas turísticas de los apartamentos individuales y el alquiler de habitaciones, por lo que se reclama su retirada del Anteproyecto.
LIMITACIONES.
También emplaza a que se supriman aspectos como el denominado «principio de unidad de explotación» y las limitaciones establecidas a la explotación conjunta, o las limitaciones a la denominada venta ambulante; la reserva de denominación «turística, vacacional» o similares, y las reservas y limitaciones de actividad a las agencias de viaje deben ser también suprimidas del Anteproyecto.
Del mismo modo, cree que las referencias que el Anteproyecto realiza a la competencia desleal y al intrusismo profesional vinculadas a lo que se denomina «actividades clandestinas» deben ser suprimidas del texto del anteproyecto «por no adecuarse a los parámetros normativos preestablecidos».
Finalmente, considera que la tipificación de las infracciones, así como las consecuencias que el Anteproyecto prevé ante las mismas, resultan desproporcionadas. Por ello, señala que pueden resultar «disuasorias de la entrada en el mercado, sobre todo para pequeños operadores».
También estima que la norma «contiene una excesiva referencia a desarrollos reglamentarios en materias que pueden generar importantes limitaciones en el ejercicio de la actividad turística».
«Cualquier barrera de entrada que pretenda incluirse por vía reglamentaria deberá respetar y justificar adecuadamente su necesidad para alcanzar un objetivo concreto fijado en la Ley, que no existen medidas menos restrictivas para alcanzar el mismo objetivo y que no resulta discriminatoria», asevera.
En esta línea, precisa que «la aplicación de parámetros de economía y control tradicionales a las nuevas realidades frena un avance que, permitido y fomentado por las nuevas tecnologías y demandado por clientes y oferentes, resulta imparable». «Condenar a la ‘clandestinidad’ a esta nueva área de la economía no resulta compatible con los principios de competencia que esta autoridad tiene la función de promover», apunta.
El informe al Anteproyecto de Ley vasca de Turismo se emite dentro de las funciones que la Ley otorga a la AVC en materia de promoción de la competencia.