La Asociación Provincial de Hoteles, encabezados por su presidente José Manuel Díaz Sánchez-Matamoros, y la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Huelva, Carmen Solana Segura, han asegurado este viernes que la provincia podría contar con hasta 19.000 plazas hoteleras en alojamientos clandestinos, lo que equivaldría a unos 20 millones de euros en pérdidas para el sector.
En una nota de prensa remitida por la Asociación Provincial de Hoteles tras una reunión del sector, han puesto de manifiesto la decisión de «iniciar una campaña de seguimiento y control de la oferta» clandestina existente en la Provincia.
En una primera valoración por parte del sector hotelero y de alojamientos, se ha informado a los representantes de la administración autonómica, que después de un trabajo previo de análisis se puede concluir que dicha oferta se estima en torno a unas 4.200 unidades de alojamiento que permanecen al margen de la legalidad, lo que en términos de «capacidad alojativa» utilizando los baremos que operan para la oferta reglada en el mejor de los casos pueden suponer unas 19.000 plazas.
Desde el sector hostelero han incidido en que al margen de la competencia desleal que este tipo de oferta provoca al sector, el desarrollo de esta actividad clandestina supone un «problema de seguridad, imagen del destino y economía sumergida» que afecta no solo al sector sino «al conjunto del destino».
Según aseguran en el comunicado, en términos de seguridad se ha puesto de manifiesto el desconocimiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que quienes se alojan en este tipo de establecimientos ya que se obvia la obligación, que por otra parte mantiene el sector de los alojamientos, respecto de la remisión de la Ficha de Policía.
Respecto de la imagen del destino los hosteleros aseguran que al no existir un control del número de personas que pueden ocupar estos alojamientos clandestinos, se produce en la mayoría de los casos, una «sobreocupación» que afecta al conjunto de los vecinos y clientes alojados en alojamientos reglados dañando gravemente dicha imagen.
En términos económicos, el sector ha informado de que la explotación de ese número de camas, pueden suponer transacciones económicas, que podrían alcanzar unos 20 millones de euros, que «en ningún caso tributan de manera directa al sistema».
Por todo ello, desde la Junta han transmitido su sensibilidad con este grave problema, manifestando la voluntad de la Consejería de Turismo en «poner soluciones» para contribuir de manera decidida a solucionar el mismo.
Al objeto de garantizar que las denuncias que se presenten puedan prosperar en términos de máxima garantía jurídica para los administrados, los empresarios hoteleros han explicado los contenidos y los medios probatorios que, a su juicio, deben contener dichas denuncias, a la vez que han solicitado y puesto de manifiesto la «necesidad de establecer y articular mecanismos» que «prioricen la inspección» en esta materia.