Fedetaxi y CCOO han ampliado su denuncia por presunta práctica de ‘dumping social’ contra Cabify ante la Comisión Europea (CE), la Agencia Tributaria (AEAT) y las inspecciones de trabajo y transportes, tras las «evasivas» del secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, para recibirles en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad social, según han informado en un comunicado.
Los taxistas lamentan que ni el desmentido de Cabify y la réplica de Fedetaxi y el sector de carretera de la FSC-CCOO ni las declaraciones sobre las presuntas irregularidades de este entramado de empresas por parte del secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, hayan logrado que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social «efectúe ningún tipo de declaración o actuación sobre este tema».
Así, ante «el silencio de las autoridades», Fedetaxi y FSC-CCOO han trasladado este martes los hechos objeto de denuncia a la AEAT, la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, la Inspección Provincial de Trabajo y la CE por las «posibles derivaciones» que las presuntas actuaciones Cabify pudieran tener en materia tributaria, administrativa y de competencia.
Ambas organizaciones están valorando si existen motivos para preparar una denuncia ante la Fiscalía especial para los delitos contra los derechos de los trabajadores.
Por el momento, han instado a las autoridades a acometer de inmediato las inspecciones pertinentes para comprobar si las personas físicas que conducen los vehículos de Cabify se encuentran debidamente encuadrados en el sistema de la Seguridad Social y si se están produciendo derivaciones fiscales y de competencia por parte de la empresa.
Fedetaxi ha pedido a conductores y usuarios que informen sobre las irregularidades que detecten en la operativa de Cabify o bien en su sede de la calle Santa Engracia o bien a través del teléfono de la organización.
LOS TAXISTAS DENUNCIAN «ESPECULACIÓN» CON EL PRECIO DE LICENCIAS.
Según Fedetaxi, junto con la denuncia presentada se han aportado documentos que prueban cómo la delegación española de la matriz de Cabify en Delaware, Maxi Mobility Spain, suscribe «contratos de transmisión de autorizaciones de transporte para arrendamiento con conductor de la clase VTC» por, al menos, 20.000 euros más IVA cada una.
La organización de taxistas señala que la compañía se reserva un derecho de opción de compra sobre cada una de las licencias en caso de que el chófer incumpla el contrato de servicios suscrito con Maxi Mobility Spain, algo que ocurre, por ejemplo, si la valoración del conductor desciende de 4,5 estrellas sobre 5 en dos meses.
De acuerdo con Fedetaxi, esto implica que la empresa especularía con el precio de las licencias de transporte y dispondría de su reventa indefinidamente, de modo que estaría creando «una trama cuasi piramidal con sus chóferes, para que queden cautivos del entramado».