El secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha avanzado este martes que la Administración interpondrá un recurso «ante el tribunal oportuno» contra el auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en el que se dicta la liquidación de las radiales R-3 Madrid-Arganda, R-5 Madrid-Navalcarnero y la autopista de circunvalación de Alicante.
De esta forma, estas autopistas, tres de las ocho actualmente en quiebra, quedarán cerradas al tráfico el próximo 1 de octubre si el Ministerio de Fomento no sume la gestión de las vías antes de esa fecha. No obstante, el auto se ha emitido «sin efectos suspensivos», con lo que no quedará en suspenso por el hecho de que Fomento lo recurra, inicialmente ante la Audiencia Provincial.
En declaraciones a los medios tras participar en el Encuentro Anual de las Asociación Europea de Autopistas de Pejae, Gómez-Pomar ha indicado que «el Gobierno entiende que la resolución del contrato le corresponde a la Administración General del Estado (AGE), que es la otra parte contratante», además de a Abertis y ACS, concesionarios de las autopistas. «Es un conflicto de jurisdicción», ha resumido, para apostillar que «se interpondrá un recurso ante el tribunal oportuno».
Por otro lado, Gómez-Pomar ha aprovechado para recordar que el Gobierno puso sobre la mesa una propuesta para aglutinar a todas las autopistas dentro de un gran convenio comandado por la Administración, al modo de un ‘banco malo’, que fue rechazada por las concesionarias. Al respecto, ha dicho que «el transcurso del tiempo está poniendo de manifiesto que los términos que se planteaban en términos de retribución se están viendo superados».
«Era una buena propuesta de convenio y está ahí por si se quiere reconsiderar y trabajar», ha añadido, pese a admitir que, sobre este asunto, «no ha habido acercamiento en los últimos tiempos».
INSISTE EN PRIVATIZAR LA RED DE AUTOPISTAS DE PEAJE.
Por otro lado, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda ha insistido en que «el criterio del Gobierno es que cuando se cumpla el periodo concesional de cada autopista de peaje se vayan integrando en la red de carreteras del Estado y que puedan ser de uso libre». La primera de las autopistas de peaje en integrarse sería la AP-1 en Burgos, cuya concesión vence a finales de 2018.
Preguntado por si España puede asumir el coste de mantenimiento de estas autopistas en el actual contexto de necesaria reducción del déficit público, Gómez-Pomar ha indicado que la idea es integrar este gasto «dentro de las dotaciones que hay» en el correspondiente al de mantenimiento total de la red de carreteras, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
«El mantenimiento se llevará a cabo como una vía de alta capacidad más», ha remachado, para admitir a continuación que, aunque se trataría de una proporción «menor», actualmente «no existe estimación» sobre el coste que podría suponer sumar estas nuevas autopistas al presupuesto de la red de carreteras nacionales.
En cuanto al interés de Abertis e Itinere por dar marcha atrás esta decisión y renovar concesiones, Gómez-Pomar ha insistido en que «los términos de las concesiones tienen un plazo y el criterio del Gobierno es su reversión». «Es lo natural y normal en el proceso concesional», ha zanjado.