La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Doris Borrego, ha asegurado que la información que está saliendo acerca de sus reivindicaciones en muchos casos es «errónea» y se está «tergiversando».
Así lo ha manifestado este miércoles a los medios antes de una reunión con representantes del Grupo Parlamentario Popular para debatir el alcance y las consecuencias de la modificación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias y que afecta al alquiler vacacional.
Doris Borrego ha indicado que la Asociación ve la necesidad «urgente» de transmitir «a todo el mundo» que las reivindicaciones de ASCAV «se ciñen a las promesas del Gobierno de Canarias», es decir, que el alquiler vacacional «pueda ejercerse en aquellas viviendas de uso residencial independientemente de la zona en la que se encuentre».
«Nosotros no hacemos distinción de zonas, sino que sean viviendas y no apartamentos turísticos. En ningún caso ASCAV ha abogado por la abolición de la unidad de explotación, y esto se lo estamos transmitiendo a todo el mundo, porque es cierto que se está mal interpretando la lucha de ASCAV», apuntó Borrego.
Según la presidenta, hay que tener en cuenta que actualmente el 90 por ciento de las 53.000 familias afectadas «se encuentra en la más absoluta ilegalidad, jugándose multas muy importantes, de entre 30.000 y 300.000 euros». «El turismo es el patrimonio de todos y todo canario tiene derecho a participar en él», apostilló.
Por otro lado, ha señalado que no tienen ninguna confirmación de si se está sancionando o no; lo que sí sabe –indica– es que a los tres días de salir el decreto de la vivienda vacacional entraron a trabajar 19 nuevos inspectores de Turismo.
Borrego también consideró fundamental que las reivindicaciones de ASCAV cuenten con el respaldo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que «no ve ninguna justificación jurídica para dejar al margen de la ley a las viviendas vacacionales», aseveró.
En este sentido, explicó que la CNMV ha abogado por eliminar «toda restricciones» para asegurar una libre competencia, sobre todo en las zonas turísticas, que es dónde parece ser que la problemática es «más seria». «Cualquier vivienda legal debe poder alquilarse vacacionalmente», sentenció.